El Tribunal Supremo de España ha confirmado la legalidad de un controvertido real decreto, ratificando la necesidad de un precio adecuado para el sector lácteo que cubra los costos de producción. Esta decisión supone un golpe contundente para la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), que interpuso un recurso contra dicho mandato legal.
El real decreto, promulgado en mayo de 2022, insiste en que el precio de la leche acordado entre las dos partes interesadas, industrial y ganadero, anule la disparidad inherente en los costos de producción. Según la decisión del Supremo, esta obligación no sólo es proporcional, sino que también encaja en el marco del derecho europeo y constitucionalmente permitido.
Uno de los argumentos más sólidos presentados por el Tribunal argumentaba que el sector agroalimentario y, específicamente, el sector lácteo, son vulnerables. Se discutió que esta vulnerabilidad se agudizaba debido a las complicaciones asociadas con las características perecederas del producto lácteo, la dificultad de almacenamiento y la fragilidad inherente de las negociaciones entre agentes dispersos en las distintas etapas del proceso productivo.
El real decreto fue defendido como una respuesta necesaria a un problema real: la falta de una posición negociadora sólida para los productores ganaderos en la cadena de suministro. La decisión judicial coincide de lleno con los argumentos del Gobierno al manifestar que la acción legislativa con el fin de proteger a los productores ganaderos de prácticas desleales es legítima.
Otras partes interesadas en el sector lácteo, incluidas varias organizaciones agrícolas, se alinearon en apoyo del estado en este caso. Entre ellas, estuvieron presentes la Confederación de Organizaciones Agrarias (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unió de Pagesos de Catalunya, que reafirmaron todas ellas la necesidad de enfrentarse a las cifras económicas con una visión comprensiva y justa.
