En el transcurso de los últimos seis meses, el sector agrícola español han experimentado cambios significativos, resultantes de las protestas de los agricultores y los ganaderos. Las movilizaciones no solo brindaron al sector una importancia sin precedentes en la campaña previa a las elecciones europeas de junio, sino que también han cimentado su impacto en políticas venideras.
La voz del campo ha sido escuchada, logrando un giro significativo ante cuestiones que parecían inamovibles. Entre los hitos alcanzados, se encuentran la revisión de la Política Agraria Común (PAC), que anteriormente era vista como un pilar inalterable, y el cambio de rumbo en la representatividad agraria en España. Este último punto es especialmente relevante, pues ahora las voces de los agricultores y ganaderos tienen un mayor peso a nivel de toma de decisiones.
Ambientalmente, hay un consenso más amplio en torno a la agenda verde. La Unión Europea (UE) ha reflejado su compromiso con el medio ambiente al reformar la PAC para hacerla más flexible, buscando un equilibrio entre los intereses agrícolas y los medioambientales. Sin embargo, esto ha puesto en evidencia la necesidad de un mayor diálogo, más flexibilidad y un período de transición más largo para acomodar tanto las inquietudes del sector como la emergencia climática.
El cambio más importante es, sin duda, la entrada en vigor de una serie de propuestas gubernamentales en respuesta a las protestas del sector. Entre estas medidas, destacan la contención de las importaciones de productos de terceros países, y una mayor relación entre los ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El futuro del sector agrícola en España ahora depende del nuevo equipo de la Comisión Europea (CE), en concreto, de su responsable de Agricultura. De igual manera, el nuevo comisario tendrá una cartera más reforzada y, es de suponer, más peso político que el actual.
Los desafíos a enfrentar a partir de septiembre son varios, pero dos destacan por su relevancia: por un lado, la polarización política a nivel de comunidades autónomas está dificultando la formación de consensos; por otro, existen movimientos radicales emergentes en el sector agrario que podrían desbordar el sindicalismo rural tradicional. La representatividad de las organizaciones agrarias ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) será clave para enfrentar estos y otros desafíos futuros.