La nueva Estrategia Nacional de Alimentación se perfila como un acontecimiento clave para el inicio del año legislativo en el ámbito agroalimentario. Está acompañada de otros importantes compromisos del Gobierno, tales como las ley de agricultura familiar y la normativa sobre control pesquero, que buscan modernizar y adaptarse a las exigencias del sector.
Objetivos de la estrategia alimentaria
El enfoque principal de esta estrategia es facilitar la transición hacia un sistema alimentario que sea más sostenible, rentable y competitivo. En el marco de esta iniciativa, se busca abordar diversos desafíos que enfrenta el sector: abastecimiento estratégico, sostenibilidad, fomento de áreas rurales, alimentación saludable, e innovación tecnológica. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha reiterado la importancia de estas cuestiones en varias ocasiones, reflejando la urgencia de su atención.
A principios de 2025 se espera que concluyan los trabajos de elaboración del documento de la estrategia, luego de intensas consultas con diferentes eslabones de la cadena alimentaria. Este proceso ha permitido recoger valiosas aportaciones que influirán en el diseño de futuras políticas alimentarias, con el objetivo de que España se convierta en una voz relevante en el debate europeo sobre agricultura y alimentación.
Desafíos en la legislación agroalimentaria
Uno de los retos a los que se enfrenta el Gobierno es la ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que originalmente se proyectó para su aprobación a finales de 2024. Sin embargo, este texto ha sido objeto de cambios y aún necesita el visto bueno del Senado. Este nuevo marco legislativo no solo busca combatir el desperdicio, sino también modificar la representatividad de las organizaciones agrarias a través de nuevos procedimientos que respeten la autonomía de las comunidades autónomas.
Con estos cambios, se espera reconocer a la Unión de Uniones e incluirla en el Consejo Agrario, un órgano consultivo adscrito al MAPA, junto a organizaciones reconocidas como Asaja, COAG y UPA. Esto trae consigo la posibilidad de que el campo reciba una voz más amplia en las decisiones que les afectan directamente.
Reforzamiento de las instituciones relacionadas
Dentro de este contexto, el Gobierno también planea elevar a agencia estatal el rango de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). Tras un intento fallido en diciembre por parte de PP y VOX, se espera que esta iniciativa se retome en 2025 con un nuevo proyecto legislativo. La apuesta por el fortalecimiento de esta agencia busca asegurar un mayor control sobre los aspectos que determinan la calidad de la cadena alimentaria.
El reforzamiento de los controles en la ley de la cadena alimentaria es otro de los compromisos adquiridos, en el marco de un plan que incluye 43 medidas firmadas junto a UPA y Unión de Uniones, destacando que, según el MAPA, su cumplimiento ha sido del 90%.
Agricultura familiar y futuro de la pesquería
Avanzando más allá de estas medidas, el discurso de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluyó el compromiso de desarrollar una ley de agricultura familiar. Esta legislación busca proteger este modelo de explotación, que enfrenta importantes dificultades de relevo generacional. La norma se elaborará mediante un proceso de diálogo que espera integrar las inquietudes de los actores involucrados.
Por otro lado, la elaboración y tramitación de la ley de control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima también está en la agenda del Ministerio. Esta iniciativa, derivada de la legislación comunitaria, ya ha pasado por una consulta pública previa, lo que demuestra la voluntad de construir un marco regulatorio coherente y adaptado a las necesidades del sector.
En un momento crucial para la agricultura y la alimentación en España, la implementación de estas estrategias y leyes no solo es necesaria, sino que podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo rural y en la sostenibilidad de ambos sectores. Con un enfoque renovado y colaborativo, el futuro agroalimentario podría estar en el camino de transformarse, sentando las bases para un sistema que beneficie a todos los actores involucrados.