La organización agraria COAG ha presentado recientemente un análisis que revela que el valor de las importaciones de tomate marroquí al territorio comunitario sin liquidar aranceles desde 2019 asciende a 71,8 millones de euros. Este dato surge en un contexto de preocupación y debate sobre el impacto de estas importaciones en la producción local, especialmente en el sector hortofrutal.
Riesgos para los productores locales
El responsable sectorial de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha señalado que, en términos anuales, los importadores de Marruecos han dejado sin liquidar tasas arancelarias por valor de 14 millones de euros. Esto plantea una competencia desleal para los productores españoles y franceses, quienes se ven obligados a vender sus productos a precios más bajos debido a la entrada masiva de tomate marroquí.
Este fenómeno se debe, en parte, a un acuerdo entre la UE y Marruecos que permite la importación de 285.000 toneladas de tomate marroquí sin aranceles, siempre que el precio de entrada sea superior a 46 euros por cada cien kilos. Sin embargo, los datos indican que Marruecos envía más de 500.000 toneladas, lo que implica que alrededor de 230.000 a 240.000 toneladas deberían estar pagando tasas arancelarias que, según Góngora, no se están liquidando.
Posible fraude y acciones judiciales
Ante esta situación, COAG considera que las importaciones no liquidadas representan un verdadero "delito fiscal" y está evaluando diversas actuaciones legales. Se han planteado como posibles vías recurrir al Tribunal de Cuentas de la UE, para exigir un mayor control de los pagos de aduanas, así como presentar una denuncia en el Tribunal de Justicia de la UE por los daños causados a los productores y a los consumidores europeos. Además, se está considerando la posibilidad de solicitar a la Comisión Europea que investigue la "venta a pérdidas", un práctica que afecta la competitividad del mercado.
Góngora también advirtió que el fraude podría ser aún mayor, debido a la importación de otras frutas y hortalizas desde Marruecos sin una certificación clara de su origen, particularmente en relación con los productos que provienen de la zona del Sahara Occidental. Esta falta de transparencia es motivo de preocupación y ha llevado a COAG a estudiar acciones legales en conjunto con otras organizaciones, como Via Campesina y la Confédération Paysanne.
Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE
Durante una jornada virtual en la que se discutieron estas problemáticas, se abordaron las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. Estas sentencias anularon el acuerdo comercial con Marruecos debido a que contraviene los intereses del Sahara Occidental y dictaminaron que los productos de esta región deben incluir certificados específicos que acrediten su origen.
El abogado del Frente Polisario, Manuel Devers, recalcó que la sentencia no ha interrumpido la aplicación del acuerdo, ya que se concedió un plazo de doce meses para su funcionamiento. A pesar de las críticas a la falta de acción de la Comisión Europea ante lo que se considera un "fraude masivo", Devers instó a la ciudadanía y a los supermercados a denunciar productos que no cumplan con las certificaciones necesarias.
Conexiones con el Frente Polisario y organizaciones agrarias
Este contexto ha generado un interés notable entre diferentes actores, incluyendo representantes del Frente Polisario y diversas ONG que están involucradas en la situación del Sahara. Góngora mencionó la importancia de explorar una colaboración más estrecha con estas organizaciones para abordar la problemática de manera conjunta.
La jornada virtual, donde se compartieron este tipo de reflexiones y preocupaciones, ha resaltado la necesidad de una acción coordinada y efectiva. Esto no solo busca proteger los intereses de los agricultores europeos, sino también asegurar que se cumplan las normativas establecidas a nivel comunitario.
La situación actual del comercio de tomates y otros productos hortofrutales que llegan de Marruecos plantea importantes interrogantes sobre la sostenibilidad de la agricultura europea y la equidad en los mercados. Los efectos de estas dinámicas no solo impactan a los productores locales, sino también a los consumidores que buscan alimentos de calidad a precios justos. La evolución de esta problemática seguramente requerirá atención constante y la colaboración de múltiples partes interesadas en el sector agrícola.