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Gana el sector alimentario con la adquisición de productos europeos por parte del sector público

La inclusión de criterios como el origen local y la sostenibilidad en la compra pública de alimentos sería compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y también beneficiaría elevadas rentabilidades tanto climáticas como económicas, de acuerdo con un informe de la consultora Carbone4. La clave de estas afirmaciones reside en el llamado a una «Ley de Compra Europea y Sostenible», que regularía la forma en que las autoridades públicas de toda Europa conceden contratos públicos introduciendo criterios medioambientales y de origen de la Unión Europea (UE).

Esta información proviene de un informe presentado el 15 de mayo, en el que los autores recogieron datos que respaldaban la implementación de dicha ley. Lo cierto es que la contratación pública resulta crucial si a nivel europeo se quiere cumplir con los objetivos climáticos y, al mismo tiempo, modernizar sectores vitales para las economías de los Estados miembros, incluidos los agricultores que se enfrentan a dificultades.

El estudio también analizó la adquisición pública de materiales pesados, vehículos, edificios y alimentos, encontrando un enorme potencial de ahorro de carbono en los alimentos. Según el informe, la implementación de esta ley conduciría a una reducción anual del 23% de huella de carbono en las compras públicas de alimentos de la UE. Adicionalmente, un plan de estas características generaría 201.000 nuevos empleos y desencadenaría inversiones por valor de 54.000 millones de euros en los sectores de la agricultura, alimentación y servicios de cáterin.

Esta propuesta llega tras el llamado del Banco Mundial para aumentar las inversiones en las economías ricas con el fin de reducir las emisiones en el sector agroalimentario, redirigiendo los subsidios de productos intensivos en emisiones, como la carne roja y los lácteos, hacia alimentos con bajas emisiones, como las frutas y las verduras. Para conseguir una mayor reducción de las emisiones en el sector alimentario y de cáterin, los autores del informe sugieren reducir en un 20 % el volumen de productos animales adquiridos y tener alimentos 100 % orgánicos o cultivados utilizando prácticas agroecológicas, como la diversificación de cultivos, la conservación del agua y la cosecha.

Un análisis jurídico que acompaña al informe concluye que dicho plan sería compatible con el principio de no discriminación de la OMC, que permite exención para la contratación pública. De hecho, se dice que la UE no ha aprovechado plenamente esta herramienta para incrementar la demanda verde, y apoyar a los productores nacionales estimulando de esta forma la innovación en soluciones de transición bajas en carbono. La UE es parte del Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC, comprometiéndose a abrir su contratación pública a otras partes del ACP, como Estados Unidos, Canadá y Australia.

A pesar de estas políticas, la UE aún puede implementar medidas para «comprar productos europeos» frente a países que no forman parte del acuerdo, como China y Brasil. Las normas de la OMC prohíben los requisitos de origen local, pero parece ser que estas pueden ser eludidas mediante la introducción de criterios de sostenibilidad sin mención alguna al origen de los productos. En última instancia, el aprovechamiento estratégico de la contratación pública verde impulsaría a la industria europea hacia el desarrollo de tecnologías y productos más ecológicos.

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