Un giro de relevancia en el sector pesquero español se ha producido con la aplicación del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca asegurar condiciones laborales dignas en este ámbito. Este convenio, concebido en 2007 y adoptado formalmente en España a partir de este jueves, establece una serie de requisitos que garantizan la igualdad de trato en las flotas a nivel internacional.
Aunque el convenio fue consensuado por un total de 437 países en el marco de la OIT, se da la singularidad de que tan solo veintiuna naciones lo han integrado oficialmente en sus marcos legales; entre ellas, España se posiciona como la vigesimoprimera.
Entre los diversos parámetros requeridos por el convenio se encuentran aspectos tan esenciales como la contratación, el alojamiento, la alimentación, la protección sanitaria y en materia de seguridad social de los trabajadores del sector. Adicionalmente, se puntualizan cuestiones como la edad mínima para trabajar, las horas de descanso, la repatriación en casos necesarios, salarios y seguros, así como las medidas a adoptar ante enfermedades o accidentes laborales.
El liderazgo español en el ámbito pesquero a nivel europeo, ya que cuenta con 8.657 barcos que generan empleo directo para 31.000 personas y 150.000 de forma indirecta, propicia la influencia de la normativa en un contexto global. El sector pesquero, representado por Cepesca, como los sindicatos españoles, han defendido firmemente este convenio como una herramienta eficaz para combatir la pesca ilegal y erradicar el trabajo forzado y la esclavitud moderna, problemas que persisten especialmente en países asiáticos.
Por su parte, Juan Manuel Trujillo, presidente de la sección de Pesca del sindicato europeo ETF, ha celebrado la entrada en vigor del acuerdo y ha demandado que se revise a nivel europeo las reglas que «favorecen y privilegian las importaciones que no respetan los estándares mínimos» en cuestiones laborales, en alusión a las procedentes de flotas asiáticas.
En definitiva, un convenio que hace avanzar al sector pesquero español hacia unas condiciones más justas y dignas, al tiempo que se compromete a luchar contra las prácticas irregulares y perjudiciales para la actividad y sus trabajadores.
