El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha realizado una evaluación exitosa del progreso realizado en relación con las 43 medidas de apoyo para agricultores y ganaderos que fueron acordadas con las organizaciones agrarias UPA y Unión de Uniones. Este acuerdo fue una respuesta del Gobierno a las protestas de los agricultores y ganaderos, y se han logrado avances considerables desde su implantación.
De las 43 medidas, 14 han sido completamente ejecutadas y 12 adicionales están en un estado avanzado de implementación. El Gobierno ha comunicado que otras 15 medidas aún están en curso y los trabajos iniciales para las dos restantes han comenzado. Las medidas ya ejecutadas están principalmente relacionadas con la flexibilización y simplificación de la Política Agraria Común (PAC).
Más aún, el Ministerio ha destacado que la reforma del plan estratégico nacional de la PAC para el próximo año se encuentra en un estado «avanzado», habiendo sido aprobada en la última Conferencia Sectorial de Agricultura. Parte de esta reforma contempla la exención de controles para las explotaciones de hasta 10 hectáreas.
Según las declaraciones emitidas por el MAPA, el Gobierno también se encuentra trabajando sobre modificaciones normativas necesarias para que la figura del veterinario oficial se aplique sólo de manera voluntaria. Además, se está revisando el resto de normas asociadas y buscando mejoras en la coordinación para el control de las importaciones. Acá entra lo relativo a unificar los servicios de inspección sanitaria y fitosanitaria.
Finalmente, una medida significativa es la de facilitar el acceso al crédito al sector, con la instauración de una linea de financiación de 625 millones de euros para las empresas del sector agrario. En este aspecto, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) cubrirá un 80 % de la garantía de cobertura.
Destacar también que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) solicita que las 43 medidas estén completadas al 100% antes de que concluya el año, y que aquellas medidas que implican cambios legislativos más importantes, con la consecuente emisión de los reales decretos pertinentes, están en marcha respetando «plazos algo más largos».
Todo esto apunta a un progreso constante en la mejora de las condiciones y apoyos para los agricultores y ganaderos en España, demostrando el interés y compromiso mutuo de las organizaciones agrarias y el Gobierno para desarrollar y aplicar estas importantes medidas.
