En medio del debate que ha surgido en la península ibérica a causa de la protección del lobo, una información faltante de las comunidades de Castilla y León y Galicia se vuelve un factor crucial. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lanza un recordatorio a estas comunidades que aún deben entregar al Gobierno central datos sobre la situación de la población de este cánido. Este es un paso fundamental para poder realizar una nueva valoración del «estatus de protección» del lobo en el marco de la Unión Europea.
Según las declaraciones de Planas, el objetivo de obtener esta información es llevar a cabo un proceso de revisión en el que el Gobierno central espera contar con los datos que se necesitan de todas las comunidades autónomas. En estos términos, se hace indispensable contar con toda la información que deberán proporcionar Castilla y León y Galicia para determinar con precisión el estatus de protección que debe tener el lobo en la Unión Europea.
Pero la protección del lobo también pone en juego los intereses de la ganadería. Planas indicó que desde su cargo está «siempre del lado de los ganaderos» y señaló que existen «instrumentos» que se financian con la Política Agraria Común (PAC) y ayudas económicas en los casos de ataques a la ganadería. Además, expresó que se está viviendo un momento de «discusión» en Europa sobre la presencia de grandes depredadores, que dificulta el trabajo de los ganaderos.
En relación a la situación se suma la postura de la Asaja, la organización agraria que recuerda al ministro que las reivindicaciones por parte de los afectados por los ataques del lobo a las ganaderías sigue sin atenderse. Precisaron que la provincia de Ávila es la que cada año tiene contabilizados más ataques de lobos, lo que ha generado una importante perdida de ganado.
Planas recalcó que se está trabajando para «transformar» la Agencia de Información y Control Alimentario en una agencia estatal y otorgarle mayores recursos de actuación. Esta transformación se encuentra en el foco del compromiso que el ministro tiene para lograr «una mejor aplicación de la ley», aplicabilidad que depende de dos factores: la organización del sector ganadero y la concienciación sobre las regulaciones existentes en el contexto actual. De esta forma, Europa busca un equilibrio entre la protección de su biodiversidad y los intereses económicos.