El recorte de días en el mar de la flota de arrastre ha generado una alarma considerable entre los pescadores del Mediterráneo. Desde 2025, estas embarcaciones podrían ver reducidos sus días de faena a solo 27 o 28 jornadas, en comparación con las 130 días permitidos en 2024. Esta situación críticos afecta a 556 arrastreros y repercute en la actividad pesquera de comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Andalucía.
Reuniones técnicas para abordar el problema
Este lunes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha dado inicio a un ciclo de reuniones técnicas junto a las comunidades autónomas del Mediterráneo y organizaciones del sector pesquero. El objetivo de este encuentro es analizar las medidas impuestas por la Unión Europea (UE) para frenar este drástico recorte de días de pesca. La secretaria general de Pesca del MAPA, Isabel Artime, ha presidido la reunión, donde se ha tratado la forma de implementar estas exigencias.
El Gobierno ha expresado su confianza en que las cotas de pesca puedan mantenerse a niveles similares a los de este año. Así lo ha comunicado el MAPA a los pescadores, según declaraciones del presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallart. No obstante, la incertidumbre persiste en torno a la factibilidad de las medidas, aumentando la preocupación entre los profesionales del sector.
Complicaciones para la implementación de las medidas
Uno de los mayores retos que se presentan tiene que ver con los cambios de mallas que exige la Unión Europea. Gallart ha resaltado que esta adaptación representa un desafío significativo, ya que implica una pérdida considerable de capturas para los pescadores. "Estamos muy decepcionados", expresó, reflejando la frustración que existe entre la flota.
Adicionalmente, los representantes del MAPA aseguran que los costos adicionales que conllevan estas exigencias serán cubiertos al cien por cien. Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de las comunidades autónomas, quienes han manifestado dudas sobre la viabilidad de tal financiación.
Solidaridad de la acuicultura
En el marco de esta complicada situación, la patronal de acuicultura Apromar ha mostrado su apoyo a los pescadores en una declaración reciente. Han advertido que las medidas que afectan a los arrastreros "ponen en riesgo la sostenibilidad económica de las comunidades costeras". Esta declaración subraya la interconexión entre la pesca y otros sectores económicos vinculados a la transformación y comercialización de productos pesqueros.
La respuesta gubernamental ante la crisis
Antes de las reuniones, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó en una entrevista que el Gobierno se comprometería a financiar completamente las medidas necesarias para que los pescadores puedan mantener sus días de trabajo. Esta garantía, sin embargo, debe medirse contra la realidad operativa y económica que enfrenta el sector.
El MAPA también ha confirmado que se adelantará días de pesca a los barcos durante el primer semestre del año, en la esperanza de que el total de jornadas de pesca en 2024 se asemeje al del año actual. A pesar de estas medidas, la gestión y la adaptación a la nueva normativa presentan un cuadro lleno de incertidumbre que afecta no solo a los pescadores, sino a toda la comunidad pesquera en las regiones mediterráneas.
Mientras los diálogos continúan y se esperan nuevos informes científicos que puedan brindar claridad, queda la reflexión sobre cómo la regulación y las decisiones políticas impactan no solo en la economía local, sino en la sostenibilidad del mar Mediterráneo y la vida de aquellos que dependen de sus recursos. La adaptación a estos cambios se presenta como un desafío crucial en la búsqueda de un equilibrio entre la conservación y la actividad pesquera.
