El campo de la agricultura sigue experimentando avances, siendo uno de los más recientes la autorización por parte de la Comisión Europea de dos nuevos cultivos genéticamente modificados: uno de maíz y otro de algodón. Además, se ha renovado la autorización para la utilización a nivel alimentario humano y animal de otros dos tipos de maíz modificados genéticamente.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con mayoría suficiente por parte de los Estados miembros en el proceso de negociación, ha recaído en el Ejecutivo comunitario la obligación de tomar una decisión. La posición adoptada por la Comisión no implica que estos productos puedan ser cultivados dentro de la Unión Europea. En lugar de ello, la autorización se limita a permitir la importación de estos cultivos modificados para su uso en alimentos y piensos.
Positivamente valorada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), esa postura responde a una evaluación científica favorable que concluye en que estos cultivos modificados son tan seguros como los equivalentes tradicionales. En otras palabras, el Ejecutivo comunitario respalda la aprobación dada por la EFSA.
De acuerdo con la Comisión «Estos cultivos han sido sometidos a un procedimiento de evaluación completo y riguroso, que garantiza un alto nivel de protección de la salud humana y animal, así como del medio ambiente». En este sentido, cabe remarcar que las autorizaciones otorgadas y las renovaciones serán válidas durante diez años.
De un modo riguroso, todos los productos derivados de dichos cultivos modificados estarán sujetos a las estrictas normas de la UE en cuanto a etiquetado y trazabilidad. Este marco normativo garantiza que los consumidores podrán estar informados en todo momento sobre el origen y composición de los alimentos que adquieren. Este aspecto tiene gran relevancia dado que cada vez más consumidores demandan una mayor transparencia en cuanto a los alimentos que consumen.
Por tanto, el camino parece allanado para que esta decision de la Comisión Europea contribuya a mejorar la diversidad y disponibilidad de productos alimentarios seguros en el continente, siempre bajo el paraguas de una regulación estricta y transparente.