Los agricultores presionan para cambiar el programa H-2A: así quieren reformar los salarios del campo estadounidense

A veces el cambio más grande no llega con ruido, sino con una reforma que toca justo donde más duele: la mano de obra. Y eso es lo que está intentando mover el sector agrícola de Estados Unidos con una propuesta que, si sale adelante, puede cambiar durante años la forma de contratar y pagar a los trabajadores temporales del campo.

Hemos sabido que agricultores y organizaciones agrarias se están alineando para respaldar la Securing Agriculture’s Workforce Act, conocida como SAWA, una ley que busca meter mano al programa de visados H-2A para trabajadores agrícolas. Sería el primer cambio de calado en casi 25 años, y no es poca cosa en un sector donde cada subida salarial, cada norma y cada trámite se nota enseguida en la cuenta de resultados.

La propuesta ha sido impulsada por Glenn “GT” Thompson, presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, y persigue dos grandes objetivos: simplificar el método con el que se calculan los salarios de los trabajadores H-2A y abrir la puerta a más ramas del agro, no solo a las que hoy encajan sin demasiados problemas en el sistema. Traducido al lenguaje llano: quieren que el programa respire un poco más y deje de chirriar tanto para parte del sector.

Un visado pensado para una realidad que ya no encaja del todo

Hasta ahora, bajo la interpretación actual de la ley, los trabajadores H-2A solo podían trabajar durante 10 meses y los empleos tenían que ser estacionales y temporales a la vez. Ese matiz ha dejado fuera a actividades como la industria lechera, que no encaja en esa cajita tan estrecha. SAWA quiere cambiar esa definición de “temporal” para que dependa de la duración del contrato y no del tipo de trabajo que se haga.

El resultado práctico sería que los trabajadores H-2A podrían estar empleados hasta un máximo de 350 días. El giro es importante porque reordena el tablero: ya no se trataría solo de cubrir picos de campaña, sino de dar respuesta a explotaciones que necesitan continuidad durante buena parte del año.

Y aquí aparece uno de los puntos más sensibles: el salario. El llamado adverse effect wage rate, o AEWR —la tasa salarial de efecto adverso, en español— es el sistema que se usa para calcular cuánto se paga a estos trabajadores. La nueva ley pondría un freno a sus vaivenes, limitando las subidas anuales al 3,5% y las bajadas al 1,5%, además de dejar por escrito cambios regulatorios recientes introducidos en 2025.

También habría otra mudanza de peso: la definición de qué se considera trabajo y servicios agrícolas pasaría del secretario de Trabajo al secretario de Agricultura. Un movimiento burocrático, sí, pero de esos que cambian quién manda de verdad en una materia concreta. Y en el campo, ya sabemos, eso nunca es un detalle menor.

El campo dice basta a la montaña rusa salarial

La discusión no nace en el vacío. El propio sector lleva tiempo quejándose de que el sistema actual está generando subidas que hacen muy difícil cuadrar las cuentas. En Georgia, por ejemplo, los salarios H-2A han aumentado un 31% en los últimos tres años, hasta el punto de que algunos productores lo consideran ya insostenible.

Lo que más preocupa a los agricultores no es solo cuánto suben los salarios, sino cómo se calculan. Hay dudas sobre si participan suficientes explotaciones en las encuestas que sirven de base para fijar esas tarifas, y también sobre quién responde exactamente: si solo trabajadores H-2A o también empleados domésticos. Cuando la muestra falla, el resultado final puede salir torcido, y luego vienen las sorpresas, los costes inesperados y el enfado.

El AEWR ha pasado por cinco revisiones metodológicas desde 2008, una muestra de que el sistema lleva tiempo retocándose. Aun así, las tarifas mínimas del año pasado reflejaban una realidad muy dispar: 14,83 dólares en Arkansas, Luisiana y Misisipi; 19,97 en California; 20,08 en Hawái; y 22,23 en el Distrito de Columbia. El mapa salarial del campo estadounidense, como se ve, no tiene nada de uniforme.

Para Chris Butts, vicepresidente ejecutivo de la Georgia Fruit and Vegetable Growers Association y miembro de la Ag Wage Reform Coalition, la preocupación es doble: por un lado, que no haya suficientes agricultores respondiendo a la encuesta en cada zona; por otro, que esas respuestas no representen bien lo que ocurre en la explotación agrícola real. Si el termómetro está mal calibrado, la fiebre del sistema tampoco se mide bien. Y luego vienen los problemas.

Las hortalizas, el trabajo intensivo y la tecnología que aún va despacio

Los productores de cultivos especializados están buscando alivio mientras el mercado laboral agrícola sigue inestable y gran parte del trabajo depende de estos empleados temporales legales. En ese entorno, incluso cambios pequeños en el programa H-2A pueden marcar la diferencia entre una campaña sostenible o una en la que todo quede al límite.

Butts recuerda algo que cualquiera que haya pisado una finca de hortalizas entiende enseguida: no se trabaja igual en todos los cultivos. Diez acres de algodón pueden salir adelante con media persona, mientras que en diez acres de pimientos pueden hacer falta 15 o 20 trabajadores. Esa comparación lo dice todo. No es solo una cuestión de superficie, sino de intensidad, de mano de obra y de margen.

Mientras pelean por cambios normativos, muchos agricultores también están mirando a la tecnología y a nuevas prácticas para producir más con menos insumos. Pero aquí no hay varita mágica. Desarrollar maquinaria o sistemas específicos para cultivos especializados lleva tiempo y exige encajar piezas muy finas.

El ejemplo que ponen es bastante gráfico: si se quiere crear una nueva máquina para recoger pepinos, no basta con construir el aparato. También hay que trabajar la genética y las características de la propia planta para que funcione bien con esa máquina. La promesa es enorme, pero el camino es lento, y mientras tanto el campo sigue necesitando soluciones que funcionen hoy, no dentro de diez campañas.

Así que el debate sigue abierto entre salarios, visados y productividad. Habrá que ver si SAWA consigue el empujón necesario y si de verdad aligera una maquinaria que lleva demasiados años tensándose. Nosotros, desde luego, estaremos atentos.

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