A veces lo más interesante no es lo que se añade, sino lo que se salva por los pelos. Y eso es justo lo que han celebrado DairyNZ y Beef + Lamb New Zealand: los cambios metidos en la reforma de gestión de recursos han dejado mejor sabor de boca a los ganaderos, aunque todavía quedan flecos que prometen dar guerra.
Lo que está encima de la mesa afecta a dos proyectos clave, la Natural Environment Bill y la Planning Bill, y el mensaje del campo ha sido bastante claro: ahora el texto les parece más útil, más flexible y menos fantasioso que al principio. El giro no es menor, porque hablamos de reglas que pueden marcar cómo se produce alimento y fibra en el país durante años.
Una de las novedades que más han aplaudido es que la producción de alimentos y fibras aparece ya reconocida dentro de los objetivos de la ley ambiental. Dicho sin traje institucional: el campo ha conseguido que su trabajo no quede en un rincón, como si producir leche, carne o lana fuera un detalle secundario. Para DairyNZ y B+LNZ, ese reconocimiento cambia el tono de toda la reforma.
El campo ha conseguido meter su voz en la ley
Tracy Brown, presidenta de DairyNZ, ha defendido que esa mención a la producción de alimentos y fibras es un cambio “importante y bienvenido”. B+LNZ, por su parte, lo ha descrito como una mejora “significativa y bienvenida”. No es solo una frase bonita: para ambos grupos, la ley deja de mirar al campo como un problema y empieza a tratarlo también como parte de la solución.
También han recibido con alivio los cambios en la forma de fijar límites ambientales. Ahora se aclara que esos límites pueden adoptar distintas formas medibles, incluso narrativas o basadas en resultados. Traducido a lenguaje llano: no todo tendrá que encajar en una cifra rígida, y eso abre algo de aire para ajustar las reglas a lo que pasa de verdad sobre el terreno.
Además, quienes tomen decisiones tendrán que tener en cuenta las expectativas ambientales, sociales y económicas, el uso previo del recurso, los procesos y niveles naturales y también un análisis coste-beneficio. La idea es evitar objetivos imposibles que ignoren el mundo real. O, al menos, intentarlo con un poco más de pragmatismo que antes.
Menos mecanismos raros, más certezas para invertir
Otro de los puntos que han recibido con buenos ojos es la retirada de los sistemas de asignación comparativa y de los mecanismos de mercado para repartir recursos naturales. En la práctica, esto significa que desaparecen fórmulas que el sector veía como poco probadas y que podían añadir más incertidumbre que soluciones.
DairyNZ ha dicho que deshacerse de esos mecanismos “no testeados” es una decisión sensata, porque da más seguridad a los agricultores y favorece la inversión a largo plazo. B+LNZ ha ido en la misma línea y ha celebrado la supresión de los mecanismos de mercado para asignar recursos naturales. Menos inventos, más previsibilidad: esa ha sido la música que ha sonado desde el sector.
También han respaldado la recuperación de los permisos controlados, mientras que B+LNZ ha señalado mejoras en los procesos para actividades permitidas. No es un aplauso sin condiciones, pero sí una señal de que el texto ya no les parece un muro, sino algo más parecido a un sistema que puede funcionar si se afina bien.
Donde sigue el ruido: planes de agua y zonas al límite
El gran pero sigue estando en los Freshwater Farm Plans, es decir, los planes de explotación para el agua dulce. El comité selecto introdujo una categoría auditable, de modo que no todos los planes tendrían que pasar por certificación y auditoría. Y eso suena mejor que la versión anterior, pero todavía no despeja todas las dudas.
B+LNZ advierte de que siguen existiendo problemas de aplicación, sobre todo si una actividad de alto riesgo en una pequeña parte de una finca acaba obligando a certificar toda la explotación. Esa posibilidad no entusiasma precisamente a quien tiene que lidiar luego con papeleo, costes y tiempo perdido. Y DairyNZ añade que falta una vía legal clara para que un plan certificado pueda sustituir los requisitos de consentimiento cuando los riesgos propios de la finca puedan gestionarse bien.
La prueba de fuego será si estos planes sirven para recortar reglas ineficientes y evitar permisos repetidos. Si acaban convirtiéndose en otra capa más de burocracia, el remedio puede salir peor que la enfermedad. Y eso, en el campo, se nota rápido.
Además, las organizaciones han encendido otra alarma sobre la gestión de las explotaciones ya existentes en cuencas donde los límites ambientales se han superado. B+LNZ ve con preocupación que las autoridades locales deban dar preferencia a los techos de recursos cuando intenten devolver esas cuencas a niveles aceptables.
Su argumento es que el manejo de una cuenca es complejo y necesita varias herramientas, no solo topes de recurso, que además pueden ser caros de aplicar y depender de modelos inciertos. También les inquieta que los ayuntamientos puedan verse obligados a fijar límites ecosistémicos en más ámbitos, como biodiversidad, suelos y aguas costeras. Eso, dicen, puede disparar la complejidad del plan y los costes de cumplimiento para los ganaderos.
Y todavía hay una comparación que les chirría: sectores como infraestructura, vertidos municipales o acuicultura parecen tener caminos legales para seguir operando cuando se superan los límites ambientales, pero la agricultura aún no cuenta con un equivalente claro. Ambas organizaciones han dicho que seguirán hablando con ministros, funcionarios y parlamentarios mientras avanza la tramitación. Habrá que ver si las mejoras se consolidan o si todavía queda otra ronda de negociación por delante.