En un reciente giro de eventos un panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha dado la razón a la Unión Europea (UE) en un conflicto con Malasia, reconocido como uno de los principales productores de aceite de palma, en torno a las restricciones aplicadas por la UE al uso de este producto como materia prima para biocombustibles.
Brindando un poco de historia, esta disputa se puso en marcha en 2019 cuando Malasia manifestó que ciertas medidas implementadas por la UE en contra de estos biocombustibles eran inconsistentes con las normas comerciales internacionales. Las sanciones de la UE, pese a emitir señalamientos sobre ciertos deficiencias en la elaboración y aplicación de las medidas, fueron avaladas por la OMC.
En su momento, la UE articuló un programa de fomento a las energías renovables que establecía una cuota mínima del 10% en el uso de estas energías para todos los medios de transporte de sus países miembros. Sin embargo, la UE determinó que los biocombustibles producidos con aceite de palma serían excluidos de estas políticas progresivamente hasta 2030.
La reacción a esta exclusión no se hizo esperar y tanto Malasia como el otro gigante productor mundial, Indonesia, manifestaron su inconformidad sobre la base de que la UE sostiene que estos biocombustibles contribuyen a la deforestación global.
Es importante recalcar que Indonesia también elevó una queja contra la UE por estas políticas, dos años después de que Malasia lo hiciera. A pesar de ello, la OMC ha decidido considerar ambos casos de manera individual, dando lugar a una espera de sentencia en el caso de Indonesia.
En este torbellino de controversias, Indonesia y Malasia representan el 85% de la producción mundial de aceite de palma, que también es utilizado en diversas industrias, como la alimentaria o cosméticos, además de contar con otros productores significativos en Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala.
