El mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha emitido un llamado para una «movilización masiva» de campesinos para este 20 de julio, fecha que marca la inauguración de un nuevo periodo legislativo. La intención, según ha explicado el presidente, es impulsar una necesaria reforma agraria que permita una distribución de tierras más justa en el país.
Como contexto, cabe recordar que el 20 de julio es también un día de profunda importancia para Colombia, ya que se celebra la independencia del país. En una coyuntura normal, la fecha se conmemora con un desfile militar y la instalación de un nuevo periodo de sesiones del Congreso.
En los últimos días, miles de campesinos se han movilizado pacíficamente hasta la sede de la estatal Agencia Nacional de Tierras (ANT) reclamando la agilización de los diálogos con el Gobierno y el avance en la ansiada reforma agraria que les permitiría mejorar la repartición de tierras en Colombia.
Estos campesinos, organizados en gremios y asociaciones, han declarado que su objetivo no es ir en contra del Gobierno, sino más bien apoyarlo. Enfatizan que su intención es agilizar la aprobación de la reforma agraria, la cual está incluida en las propuestas de cambio elaboradas por Petro. Esta reforma, que apunta a una distribución más equitativa de las tierras del país, ha sido considerada un factor potencial para solucionar una de las causas estructurales del largamente persistente conflicto armado en Colombia.
Pese a ello, el avance en esta reforma ha sido prácticamente nulo hasta el momento. A pesar de un incremento en la entrega de tierras a las víctimas del conflicto por parte de la ANT, el hecho es que los juzgados de tierras se encuentran en una situación de saturación. Asimismo, las sentencias de restitución de terrenos se han demorado por décadas.
Petro ha instado a los comités de reforma agraria municipales, a las coordinadoras regionales y a todas las organizaciones campesinas a unir fuerzas en una masiva movilización rural que enfrentaría con valentía estos desafíos por la democracia y la justicia rural.
Una cuestión crucial en debate es la facultad de contratación con el Estado, la cual se solicita conservar para las organizaciones campesinas, siguiendo a la disposición del artículo 23 de la Convención Americana. La resolución de estos temas interrelacionados generará un impacto significativo en la construcción de la historia contemporánea de Colombia.