El activismo rural cobra fuerza en España con el movimiento "Rural Proofing", que busca adaptar las normativas a las particularidades de las comunidades rurales. Este enfoque surge de la creciente demanda de pueblos que reclaman leyes diseñadas específicamente para sus necesidades, en lugar de seguir aplicando regulaciones urbanas que a menudo resultan inadecuadas.
Normativas diseñadas para lo rural
Se plantea, por ejemplo, que un bar en un pequeño pueblo no se vea obligado a seguir el mismo extenso proceso burocrático que uno en una gran ciudad. Conceptos como la simplificación del papeleo para pequeños negocios alimentarios o la creación de leyes que reconozcan las diferencias entre sectores rurales y urbanos son fundamentales en esta propuesta.
Los activistas llevan sus demandas al Parlamento español, donde han logrado algunos compromisos iniciales en forma de Proposiciones No de Ley. Este movimiento busca "ruralizar" las leyes para crear un marco normativo que sea más inclusivo y equitativo para quienes habitan en zonas menos pobladas.
Iniciativas desde el corazón rural
Desde Soria, en el espacio de coworking El Hueco, se ha gestado el G-100, un grupo que reúne a 50 especialistas en diversas áreas como economía, medio ambiente y turismo. Su finalidad es reflexionar y compartir ideas sobre cómo las normativas actuales afectan al medio rural. Alfred Vernis, uno de los coordinadores de este grupo, comparte que comenzaron a desarrollar sus propuestas antes de la pandemia, con la finalidad de fomentar un diálogo enriquecedor entre los habitantes de estos territorios.
El G-100 ha identificado que las distancias físicas entre los habitantes de los pueblos dificultan el intercambio de ideas. Por ello, han decidido formar un equipo para permitir que las voces rurales sean escuchadas y que propongan soluciones concretas a los problemas que enfrentan.
Perspectivas del desarrollo rural
Otro actor importante en esta causa es Miguel Martínez, un historiador y consultor en desarrollo rural, quien ha señalado que la falta de adecuación de las normativas vigentes genera situaciones problemáticas. Un caso que comparte es el de una pequeña productora de queso artesano en el Valle del Tena que se vio obligada a cerrar su negocio, no obstante que en Francia, a tan solo 14 kilómetros de allí, los métodos de producción son mucho más flexibles y se celebran sus productos. Esto pone de relieve la necesidad imperiosa de normativas que reconozcan las realidades y singularidades rurales.
Martínez insiste en la urgencia de adecuar la legislación actual a las condiciones del medio rural. Afirma que sería beneficioso contar con leyes específicas que faciliten la coexistencia de negocios pequeños y grandes industrias, apoyando así la diversidad económica de estas regiones.
Un camino aún por recorrer
Sin embargo, el camino hacia la implementación de estos cambios no es sencillo. En palabras de Martínez, España no tiene una noción clara de cómo abordar esta problemática, y además, no abundan los ejemplos exitosos en el mundo. Países como Canadá o Australia han comenzado a dar pasos hacia una legislación más adaptada a lo rural, pero aún queda mucho por hacer.
Para que el movimiento "Rural Proofing" sea efectivo, es crucial que la aplicación de normas específicas se realice teniendo en cuenta las características particulares de cada área. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, la relación alumno-docente difiere notablemente entre comunidades urbanas y rurales, lo que debería considerarse en la elaboración de políticas.
El objetivo de todas estas iniciativas es claro: lograr una verdadera igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan. Manos a la obra, las comunidades rurales buscan soluciones que se adapten a su contexto, conscientes de que la diversidad en las formas de vida también debe reflejarse en la legislación. Después de todo, un entorno normativo sensible a la realidad rural puede ser clave para el resurgimiento de estos territorios que tanto valor aportan a nuestra sociedad.