Este jueves, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) va a ser el escenario de una batalla legal centrada en la pesca de fondo. La discusión se deriva de los recursos presentados por el gobierno de España y diversas empresas pesqueras locales en reacción a la decisión de la Comisión Europea (CE) de cerrar un total de 87 zonas sensibles del Atlántico nordeste a esta forma de pesca.
La Comisión adoptó en 2022 medidas que impiden la pesca de fondo en estas áreas que abarcan un total de 16.419 km cuadrados y que se encuentran entre los 400 y 800 metros de profundidad. Desde Bruselas, indicaron que la decisión se tomó con el fin de perturbar lo menos posible a la industria pesquera, mientras que se protege a 57 ecosistemas vulnerables en aguas profundas. La medida fue adoptada basándose en el reglamento sobre acceso a aguas profundas y en la opinión de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).
Hace falta mencionar que estos territorios abarcan únicamente el 1,16 % de las aguas comunitarias del Atlántico noreste y enfrentan a los buques que se dedican a la pesca de fondo, que hacen uso de redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas o almadrabas.
Estos hechos no han quedado sin respuesta. El gobierno español recurrió a la decisión en noviembre de 2022, argumentando que la medida de Bruselas contenía «deficiencias de fondo y de forma». En un comunicado de prensa del Ministerio de Agricultura, España sostiene que los cierres a la pesca de fondo resultan «desproporcionados» y que no se han tenido en cuenta los posibles impactos en la flota pesquera, lo que infringe los principios de la Política Pesquera Común de buscar un equilibrio entre la protección de la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible.
A través de estas acciones, España busca contrarrestar lo que considera una estrategia «desproporcionada e injusta» que no respeta la información científica más actual disponible, carece de un informe de impacto y viola los principios de la Política Pesquera Común. En los próximos días, el TGUE tendrá la última palabra sobre el fututo de estas relevantes zonas del Atlántico nordeste en relación a la pesca de fondo.