La Comisión Europea ha mostrado su disposición para emplear 250 millones de euros de la reserva agrícola de crisis en un intento de aliviar las dificultades que enfrentan agricultores y ganaderos afectados por eventos climáticos extremos. Esta medida se hace necesaria debido a los recientes episodios de sequía en España y Portugal e inundaciones en Italia.
Janusz Wojciechowski, el comisario de Agricultura, comunicó esta postura durante la última reunión de ministros de Agricultura de los Veintisiete celebrada en Bruselas. Según Wojciechowski, la Comisión está atenta y ha escuchado las peticiones de ayuda de estos países, que piden un despliegue urgente de la reserva agrícola de crisis.
De hecho, el Comisario Wojciechowski subrayó en una publicación en Twitter que la reserva agrícola aún cuenta con 250 millones de euros disponibles después de dos paquetes, el último de los cuales, valorado en 100 millones, aún no ha sido aprobado.
A pesar de la disposición mostrada, aún se están estudiando los detalles sobre cómo distribuir estos fondos de manera justa y equitativa entre los países afectados. Wojciechowski aclaró que la propuesta de distribución está en elaboración, basándose en el criterio de los pagos directos, pero con ciertos ajustes teniendo en cuenta que algunos países sufren crisis más profundas que otras.
Por otro lado, el Comisario hizo referencia a otros tipos de crisis en los Estados miembros, destacando el sector lácteo en Letonia y Lituania, así como la situación complicada en Bélgica con la producción de manzanas.
En respuesta a la situación, Portugal, España, Francia e Italia han solicitado una serie de medidas administrativas para ayudar a aliviar el impacto de la crisis en los agricultores, que incluyen derogaciones y flexibilidades en la implementación de sus planes nacionales de la PAC, además de un incremento de las tasas de pagos anticipados.
Frente a estas solicitudes, el comisario de Agricultura se ha mostrado abierto a considerarlas y ha encargado a los servicios de su departamento que analicen las reclamaciones de los cuatro Estados miembros para garantizar que los productores afectados puedan seguir desarrollando su actividad.
