A veces la política agrícola avanza como un portazo. Otras, como una cuenta atrás. Y eso es justo lo que acaba de pasar en Vermont, donde han decidido empezar a cerrar la puerta a uno de los herbicidas más polémicos del mercado: paraquat.
La medida llega con la firma de la House Bill 739, que prohíbe la venta y el uso de paraquat dicloruro a partir del 1 de noviembre de 2026. Pero ojo, porque la historia no termina ahí: la ley abre una especie de pasillo estrecho para excepciones muy concretas durante el periodo de retirada. Y ahí está la clave de todo el movimiento.
El texto legal fue rubricado por el gobernador de Vermont, Phil Scott, el 26 de mayo. Desde ese momento, el estado se coloca en una posición poco habitual en Estados Unidos: quiere apartar de la circulación un producto que lleva años bajo sospecha, pero sin cortar de golpe cualquier salida para ciertos cultivos que puedan necesitarlo en situaciones muy específicas. No es un sí absoluto ni un no tajante. Es más bien un “se acaba, pero todavía no del todo”.
La puerta se cierra, pero queda una rendija
La ley permite que el secretario de Agricultura, Alimentación y Mercados autorice el uso, la aplicación y la venta de paraquat en huertos de árboles frutales y en los cultivos incluidos en el grupo USDA 13-07 de bayas y pequeños frutos. Ahí entran, entre otros, las cane berries, las bushberries y las bayas de arbusto grande o de árbol. No es una carta blanca, ni mucho menos.
La excepción solo podrá concederse cuando no exista otro pesticida menos dañino que resulte eficaz para afrontar una emergencia ambiental o agrícola. Traducido al terreno: el margen es muy estrecho y está pensado para casos límite. Nada de uso rutinario, nada de convertir la excepción en costumbre.
Además, esos permisos tendrán una duración máxima de tres años o estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2030, lo que ocurra antes. Y los aplicadores certificados autorizados tendrán que haber completado la formación exigida por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y por la propia Agencia de Agricultura, Alimentación y Mercados en el año previo a recibir el permiso. El listón, por tanto, no queda precisamente bajo.
La idea de fondo es clara: Vermont quiere retirar el producto del mapa, pero dejando un pequeño dique de contención para no desarmar del todo a determinados cultivos durante la transición.
Un herbicida que lleva años en la cuerda floja
La fama de paraquat no ayuda. El producto está restringido en Estados Unidos y en decenas de países se ha prohibido o limitado por preocupaciones relacionadas con la salud, sobre todo por su posible impacto neurológico y por la sospecha de vínculo con la enfermedad de Parkinson. No hablamos de una polémica nueva; llevamos años con el foco encima.
La Agencia de Protección Ambiental revisa y reevalúa los pesticidas en ciclos de 15 años. En julio de 2021 emitió una decisión interina de revisión para paraquat, en la que exigió medidas de mitigación para reducir riesgos: límites de superficie tratada y restricciones al equipo que puede pulverizar el compuesto, entre otras. Es decir, el regulador ya venía apretando las tuercas antes de que Vermont diera este paso.
También conviene matizar algo: los estudios epidemiológicos han sugerido una relación entre la exposición a paraquat y el Parkinson, pero la agencia federal no ha encontrado un vínculo claro entre el uso autorizado del herbicida y efectos adversos como esa enfermedad o el cáncer, tras revisar la evidencia conforme a los requisitos de la ley FIFRA, la norma estadounidense que regula los insecticidas, fungicidas y rodenticidas. La discusión sigue abierta, y precisamente por eso cada movimiento político pesa tanto.
Lo que más llama la atención es que el debate no se ha quedado en el plano sanitario. También tiene un eco industrial muy fuerte. Syngenta, una de las compañías asociadas a este producto, anunció este año que reducirá su producción de paraquat en el Reino Unido antes de junio de 2026 por la presión de los genéricos. Y la firma ya afrontó miles de demandas, además de aceptar un acuerdo de 187,5 millones de dólares en junio de 2021.
Vermont mueve ficha y el resto mira de reojo
La decisión ha sido celebrada por organizaciones como Environmental Working Group, que ven en Vermont un ejemplo para otros estados. Desde ese entorno ya se anima a Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania a seguir una senda parecida. Vamos, que Vermont no solo ha cerrado su propio capítulo: también ha abierto una puerta política que otros pueden querer cruzar.
Geoff Horsfield, director legislativo del grupo, celebró la medida como un punto de inflexión para dejar atrás uno de los herbicidas más tóxicos aún presentes en el mercado. El mensaje es fácil de leer: si un estado se atreve, otros pueden empezar a plantearse si el equilibrio entre productividad y riesgo sigue teniendo sentido con un producto como este.
Para el campo, el asunto no es menor. Cuando una herramienta sale del tablero, el manejo de malas hierbas cambia, los costes pueden moverse y la planificación de la campaña se complica. Y cuando hablamos de frutales o pequeños frutos, la cosa se vuelve todavía más sensible, porque no siempre hay sustitutos sencillos ni soluciones mágicas.
Vermont ya ha tomado su decisión y ha marcado un calendario. Ahora queda ver si este paso se queda como una excepción valiente o si empieza una ola más amplia. La pregunta, al final, no es si el debate va a seguir vivo. Es cuánto tardará en extenderse y quién será el siguiente en mojarse. Nosotros, desde luego, estaremos atentos.