La profesión veterinaria se moviliza para hacer oír su voz. Este miércoles, un grupo de veterinarios ha convocado una protesta ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Este movimiento se debe a su descontento con el decreto de uso de medicamentos veterinarios, que consideran que les añade problemas burocráticos y limita su capacidad de tomar decisiones críticas para el bienestar de las mascotas.
Motivos de la protesta
Los veterinarios han señalado que el nuevo reglamento, que entró en vigor en enero de 2025, imposibilita a los profesionales realizar una atención adecuada en situaciones críticas. La exigencia de usar la herramienta telemática PresVet para registrar antibióticos prescribe una serie de limitaciones que complican la toma de decisiones rápidas y eficaces durante circunstancias urgentes, como cuando una mascota presenta una infección grave.
Han argumentado que esta situación ha generado hasta 13 perjuicios, entre los que destacan la restricción al libre ejercicio profesional, sanciones desproporcionadas y costes inasumibles para los propietarios de mascotas. Ante estos desafíos, los veterinarios han decidido organizarse en plataformas como VetsUnidos y han iniciado una recogida de firmas en línea para poder tener mayor visibilidad en su lucha.
El contenido del decreto y sus implicaciones
Este decreto, que data de 2023, se basa en gran medida en la transposición de normativas comunitarias. Esta iniciativa busca un mayor control en el uso de antibióticos, con el objetivo de combatir el fenómeno de la resistencia a estos medicamentos. Sin embargo, desde el sector veterinario, hay un consenso en que se han presentado problemas que agravan la situación existente.
El director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Valentín Almansa, ha destacado que el decreto busca adaptar las prácticas de prescripción y dispensación de medicamentos para mascotas a normativas más estrictas. Aún así, los veterinarios insisten en que la implementación de PresVet ha añadido burocracia y ha creado barreras en su capacidad de intervención.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno ha defendido firmemente el decreto 666/2023, argumentando que su derogación no resolvería los problemas subyacentes. Según Almansa, se trata de una medida que viene a solucionar “incongruencias” existentes desde antes de su implementación. La administración considera que el primer año de aplicación servirá para que los veterinarios se adapten al sistema, permitiendo además recopilar información valiosa sobre el uso de medicamentos veterinarios.
Una de las apuestas del Ministerio es facilitar un monitoreo exhaustivo sobre la prescripción de antibióticos, lo que podría conducir a una racionalización en su uso y, en consecuencia, a una mejora de la salud animal y, potencialmente, de la salud pública, dado el impacto de la resistencia a los antibióticos en la medicina humana.
Preocupaciones de los veterinarios
A pesar de la positiva intención del decreto, muchos veterinarios temen que, en situaciones de atención urgente, la normativa limite su capacidad de reacción. Uno de los puntos más debatidos es la consideración de que, aunque en casos críticos se puede prescribir un antibiótico de último recurso, posteriormente se requiere un antibiograma que pueda retrasar la atención necesaria para salvar vidas animales.
En la manifestación se espera no solo expresar estas inquietudes, sino también presentar propuestas concretas que permitan encontrar un equilibrio entre la regulación y la libertad profesional, en un sector donde la rapidez y la experiencia son cruciales para el bienestar de los animales.
Con este panorama, la comunidad veterinaria se encuentra en un punto crítico, impulsando reformas que no solo impactan en su ejercicio, sino que también repercuten en la salud de millones de mascotas en el país. La interacción entre la normativa y la práctica veterinaria promete ser un tópico que seguirá generando discusiones y reflexiones en el sector.