La Unión de Uniones (UdU), considerada una entidad clave en la industria vitivinícola, ha establecido que los viticultores afrontan pérdidas estimadas en 1.500 millones de euros en la actual campaña. La razón: se está incumpliendo con la Ley de la cadena alimentaria, que debería ofrecer protección frente a la situación de crisis actual, preponderada por la posición dominante de los principales grupos bodegueros.
En un reciente comunicado, esta organización agraria ha indicado que los precios se sitúan casi un 50% por debajo de los costes de producción, hecho que -afirman- podría ser objeto de denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica). Incluso estiman que a pesar del incremento de los costes de producción y los bajos rendimientos, causados principalmente por la fuerte sequía en el sector, los precios han permanecido invariantes.
Asimismo, la UdU ha indicado que los precios en la última semana oscilan entre los 0,23 euros/kilo para los airenes (vinos blancos) y una cifra ligeramente inferior para los cencibeles (vinos tintos). Ambas cotizaciones, alegan, son similares a la de la campaña anterior, a pesar de que los vinos blancos no enfrentan problemas de demanda.
En términos de variedades específicas, informes sobre las variedades predominantes en los viñedos de Castilla-La Mancha han establecido los costes entre 0,40 euros/kilo para la blanca airén y la tinta tempranillo, y los 0,50 euros/kilo.
El panorama descrito por la Unión de Uniones es preocupante, atribuyendo estas cifras al «incremento desmesurado de costos de producción» y a la «sequía aguda en el sector». Pero, sobre todo, a una estrategia que consideran perjudicial: «partir a comienzos de cada campaña con precios bajos es fiel reflejo de la posición de dominio de los grupos bodegueros interesados en tensar la viabilidad de parte del sector».
