El pasado miércoles, un importante paso en la política de protección de la fauna y la biodiversidad en Europa tomó forma: los países miembros de la Unión Europea dieron su visto bueno a la iniciativa que propone bajar el estatus de protección del lobo. En términos concretos, esta medida implicaría que el lobo pasaría de ser «estrictamente protegido» a simplemente «protegido». Este cambio va en línea con la propuesta planteada por la Comisión Europea en diciembre del año pasado.
Sin embargo, el acuerdo no fue unánime. En una reunión a nivel de embajadores, España e Irlanda expresaron su oposición a la propuesta. Por su parte, Eslovenia, Chipre, Malta y Bélgica decidieron abstenerse, según fuentes diplomáticas informaron a EFE.
El trasfondo de la iniciativa es la preocupación por el posible impacto negativo que el creciente número de lobos podría tener en las comunidades agrícolas y ganaderas. El debate que ha surgido pone de relieve el difícil equilibrio entre las necesidades económicas y la protección de la biodiversidad.
Un portavoz de la Comisión Europea celebró la decisión en una rueda de prensa, argumentando que «adaptar el estatus de protección será un paso importante para atajar los retos que plantea el incremento de las poblaciones de lobos». Aseguró también que, a pesar de la rebaja en el estatus de protección, el objetivo general de alcanzar y mantener un estado de conservación favorable para la especie se mantiene.
Este evento marcaría un nuevo rumbo en la política europea de protección de la fauna. Aunque se aúnan voces disidentes que subrayan la relevancia de la protección del lobo, la balanza parece inclinarse hacia una mayor flexibilización en su protección con el objetivo de afrontar los retos asociados al auge de la población de lobos.
