La reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha enviado ondas de choque a través de la comunidad agrícola y pesquera de Europa, anulando los acuerdos comerciales celebrados en 2019 entre la Unión Europea y Marruecos en materia agrícola y pesquera.
Esta decisión trascendental se basa en alegaciones de que el pueblo del Sáhara Occidental no dio su consentimiento para la formalización de dichos acuerdos. Además, se argumenta que estos acuerdos se realizaron violando los principios de autodeterminación y el efecto relativo de los tratados.
Aunque parece un golpe duro para las industrias agrícolas y pesqueras, la corte ha decidido mantener, de momento, el convenio de liberalización de productos agrícolas, considerando las consecuencias serias que tendría su anulación inmediata en la acción exterior de la Unión. Este convenio estará en vigor durante los próximos doce meses, una maniobra diseñada para mitigar cualquier impacto negativo inmediato y otorgar un cierto grado de seguridad jurídica a las partes implicadas.
Los acuerdos anulados habían establecido una base sólida para el comercio entre la UE y Marruecos, y su anulación podría tener ramificaciones significativas para ambas partes. El Sáhara Occidental se encuentra, una vez más, en el centro de la cuestión, con su estatus político y su derecho a la autodeterminación como elementos clave en este complejo debate jurídico.
Mientras las partes interesadas pugnan por comprender completamente las implicaciones de esta sentencia, lo cierto es que ésta tiene el potencial de forjar un nuevo camino en la relación entre la Unión Europea, Marruecos y el Sáhara Occidental. En el próximo año, mientras el convenio de productos agrícolas sigue en vigor, es probable que surjan intensas negociaciones para establecer nuevos acuerdos que respeten los derechos del pueblo saharaui. Se espera que la UE y Marruecos estén muy atentos a cualquier señal que les permita avanzar económicamente sin pisotear los derechos de terceros.