El Gobierno español ha dado un paso adelante en un esfuerzo por mitigar la creciente tasa de siniestralidad en el sector agrícola, que se ha visto particularmente afectado por los efectos del cambio climático. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha anunciado su intención de desarrollar los instrumentos necesarios para que la llamada «siniestralidad extraordinaria» pueda ser cubierta con fondos complementarios a los establecidos para el sistema de seguros agrarios.
En el año 2023, el sector agrícola tocó techo, con unos mil millones de euros en primas, más de 16.700 millones en capital asegurado y más de 1.200 millones en indemnizaciones. La creciente siniestralidad y los aumentos en el coste del seguro agrario, a pesar de su importancia vital para combatir los fenómenos extremos, han llevado a muchos agricultores a expresar su descontento.
En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno busca mantener un «diálogo permanente» con las organizaciones agrícolas para explorar cómo mejorar el sistema. El Consejo de Ministro ha aprobado el plan de seguros agrarios combinados de 2024 con un monto de 284,5 millones de euros.
Resulta innegable que los cambios climáticos extremos están afectando la agricultura, y el seguro agrario juega un papel vital para proteger a los agricultores de estos riesgos. Las indemnizaciones por siniestros alcanzaron una cifra histórica en 2023, siendo casi 1,7 veces las primas. Según Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, tal situación requiere que tanto productores como aseguradores se adapten. Los primeros a través de la adaptación de sus prácticas, los segundos, ajustando precios y coberturas al nivel de riesgo actual.
El escenario demuestra que una actuación conjunta entre las entidades gubernamentales, las compañías de seguros y los propios agricultores es esencial para asegurar el futuro de la agricultura española en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático.
