Un voto dividido resulta la aceptación de la reforma en la ley de la cadena alimentaria
El hemiciclo del Congreso de los Diputados en España ha sido testigo de la aceptación de una proposición de ley que puede marcar un antes y un después en la cadena alimentaria del país. La iniciativa, presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha sido respaldada con 175 votos a favor, 167 abstenciones de los partidos populares y VOX, y ni un solo voto en contra. El fin de esta propuesta sería modificar la ley de la cadena alimentaria que, a juicio de la mayoría de los grupos parlamentarios, ha quedado en papel mojado desde su última reforma hace apenas un año.
La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha defendido con vehemencia la necesidad de acometer una revisión profunda de la ley de 2021 que, a su juicio, no ha cumplido las expectativas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Jordà recalcó que era «cuestión de tiempo» que los agricultores retomaran las protestas en contra de unas condiciones que los obligan a vender sus productos a un precio muy por debajo al de su coste de producción.
Uno de los principales cambios que plantearía esta reforma seria otorgar a las cooperativas y otras entidades asociativas un margen de negociación más amplio. En concreto, la proposición de ley pretende incluir los costes reales de producción de los agricultores en el cálculo de los costes generales de cada entidad asociativa. Otras medidas planteadas persiguen la simplificación del registro de contratos alimentarios y la prohibición de la venta a pérdidas, incluidos los costes fijos y variables de la comercialización de alimentos.
La propuesta cuenta también con un conjunto de estándares de costes de producción medios que pueden servir de referencia en la definición y formalización de cualquier contrato. Por último, establece un mecanismo que determina una posición dominante cuando se ostenta el 8 % del mercado en la cadena alimentaria.
La proposición ha generado una división de opiniones entre los partidos. Mientras la diputada de Sumar, Àgueda Micó, se ha mostrado a favor de aprovechar «las oportunidades que ofrece esta propuesta de ley», VOX, a través de Ricardo Chamorro, ha considerado que se trata de una «ley insuficiente que no tiene recorrido e ignora la complejidad del mercado».
Pese a la diversidad de posturas, el principal objetivo de esta reforma legislativa es conseguir una mayor justicia en el sector agrario. Se pretende garantizar precios justos para los productores de alimentos y poner freno a las prácticas abusivas dentro del sector agroalimentario. Solo el tiempo dirá si esta nueva reforma logra cumplir lo que la anterior no pudo.
