La Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea (UE) se prepara para un periodo de intensas discusiones en el marco de la nueva legislatura. La flota pesquera exige una reforma en profundidad que responda a los desafíos actuales, como el relevo generacional, la eficiencia energética y la competitividad del sector.
El debate tiene lugar tras una década desde la implementación de la actual PPC. La Comisión Europea (CE), organizadora de estas conversaciones, pretende refinar la política que define las reglas del juego para 70.000 embarcaciones y 121.000 marineros, con España como principal protagonista pesquero.
Diversos actores interpretan esta movida como respuesta a las protestas del sector pesquero previas a las elecciones europeas. Entre las demandas del colectivo, se encuentra la necesidad de adaptar la PPC a los desafíos actuales, como el envejecimiento de la flota, la descarbonización y la competitividad global.
España se sitúa a la cabeza del sector pesquero en la UE, con 8.549 barcos, 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos. Las capturas españolas representan el 22% de la pesca comunitaria y generan 2.000 millones de euros en primera venta y un valor añadido de 10.000 millones, según la patronal de armadores Cepesca.
Los desafíos de la PPC no solo generan división entre los diferentes participantes. Mientras los pescadores exigen una reforma profunda, los ambientalistas defienden los logros de la política en términos de recuperación de los caladeros. Sin embargo, ambas partes coinciden en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los mares.
En la recta final hacia la revisión de la PPC, se abren diferentes frentes de discusión que tocan temas controversiales y clave para la vida marina, como las obligaciones de desembarque y el rendimiento máximo sostenible. Si bien estas medidas fueron introducidas en 2013 con la finalidad de asegurar la explotación de los recursos a niveles seguros, los pescadores argumentan que son imposibles de cumplir y generan descontento en el sector.
Mientras se caldean los ánimos, la flota pesquera solicita cambios radicales en elementos básicos de la PPC, como la prohibición de conceder ayudas para renovar y construir barcos. Según argumenta Cepesca, esta restricción impide la modernización de las embarcaciones, frena la descarbonización y dificulta la incorporación de mujeres al sector.
El panorama que se avecina en la revisión de la PPC de la UE se perfila como una maratón de negociaciones y confrontación de intereses. Sin embargo, en juego está la sostenibilidad de uno de los sectores más estratégicos de la economía europea, el futuro de miles de trabajadores y la salud de nuestros mares.