En un movimiento sin precedentes, la Audiencia Nacional española ha propuesto llevar a cabo juicios a ocho individuos y a doce empresas, incluyendo a uno de los principales exportadores mundiales de atún rojo, el grupo Ricardo Fuentes. Estos individuos y empresas están acusados de comercializar atún rojo proveniente de la pesca ilegal, supuestamente obteniendo grandes beneficios a través del blanqueo de capitales y cometiendo delitos contra la salud pública.
Jueza María Tardón toma la iniciativa
La propuesta de enjuiciamiento tiene su origen en la jueza María Tardón, quien se ha encargado de investigar a estas ocho personas, incluyendo a los responsables de Ricardo Fuentes y el Grupo Pescnortmar junto a un guardia civil. En el auto procedimiento abreviado se discuten los presuntos delitos vinculados a la pesca y a la adulteración de atún con aditivos.
Además de acusar a los sospechosos por la comercialización de atún rojo ilegal, los hechos investigados también son considerados como posibles delitos de falsedad documental, delitos contra la salud pública, contra la fauna, contra los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, y participación en organización criminal.
Adulteración y venta en subterfugio
Alega Tardón, que una parte de la actividad de esta presunta trama se llevaba a cabo de manera legal, en concordancia con la normativa administrativa. Sin embargo, afirma que parte de la trama se realizaba de forma irregular, introduciendo en el mercado atún pescado ilegalmente. Esta actividad iba acompañada de la omisión o falsificación de los documentos necesarios para su captura o venta.
La trama, según el escrito, ideó una confusión deliberada para dificultar la detección del fraude. Este consistía en mezclar el atún de procedencia legítima y en buenas condiciones con aquel de procedencia ilegal y en mal estado. Las «pésimas condiciones de salubridad» en las que operaban las instalaciones que los sospechosos utilizaban para llevar a cabo sus maniobras fraudulentas fue también destacado por la jueza.
La magistrada añade que la constante adquisición de atunes de procedencia ilícita y su difusión en las transacciones comerciales utilizando documentación manipulada, alterada o falsificada, impedía el rastreo alimentario – la posibilidad de determinar el origen del atún, cuándo se sacrificó y cuánto tiempo estuvo en expedición.
Esta cadena de irregularidades fue considerada un peligro evidente para la salud pública dada la identificación de niveles superiores al máximo aconsejable de histamina en algunas muestras de pescado. La jueza resaltó que este riesgo para la salud se materializó con la detección de intoxicaciones alimentarias.
De este modo, esta serie de acusaciones propone un contundente cambio en la preservación de la salud pública y en la lucha contra las actividades de pesca ilegal, con implicaciones directas para empresas prominentes y su modelo de negocio. A fin de seguir cobrando repercusiones, la Fiscalía y las acusaciones se les ha otorgado un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral.