La lucha de Ecuador por mantener su estatus de exportador de pescado a la Unión Europea continúa, en medio de las inquietudes por la pesca ilegal y el cumplimiento de las normativas de la UE. Sonsoles García, Ministra de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca señaló que se están tomando medidas para garantizar la «sostenibilidad, trazabilidad y transparencia» de la industria pesquera del país, en un intento de superar la llamada «Tarjeta Amarilla» que la UE le impuso a Ecuador.
Dicha «Tarjeta Amarilla» fue un aviso de la UE debido a incumplimientos en la normativa pesquera registrados en 56 observaciones y 60 actividades. Sin embargo, una auditoría reciente mostró que este número se había reducido significativamente a 14 observaciones y 12 actividades de incumplimiento, lo cual evidencia el compromiso que tiene Ecuador por combatir la pesca ilegal.
Ecuador espera que para el 1 de septiembre surja un informe en el cual se confirme que han cumplido con una de las observaciones principales de la UE. La ministra de la producción durante una comparecencia legislativa, explicó sobre los avances significativos en la gestión de la red pesquera y el control de la flotilla atunera.
El compromiso de Ecuador no se limita únicamente a cumplir con las normativas requeridas por la UE. El país ha implementado un control permanente en el registro de desembarques para asegurar que se cumple el volumen de bodega declarado a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Además, hay inspecciones aleatorias post-desembarque en las plantas procesadoras y antes del desembarque de las embarcaciones para evaluar los riesgos.
Las medidas adoptadas por Ecuador van más allá de los requerimientos mínimos y se enfocan en asegurar la traabilidad completa de toda la cadena de suministro, desde el registro de desembarcos hasta el uso del Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca.
Las exportaciones de pescado de Ecuador a la Unión Europea ascienden a unos 1.200 millones de dólares y mantener estos canales de comercio es de suma importancia para el gobierno. Sin embargo, la prioridad es asegurarse de superar la «Tarjeta Amarilla» y evitar el riesgo de sanciones más graves, como la prohibición de importaciones a la UE y ser catalogados como un país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal.
