La comunidad agrícola y ganadera en España, especialmente en Castilla y León y Castilla-La Mancha, se encuentra en un estado de protestas activas reclamando medidas concretas por parte del gobierno y de la Comisión Europea. Estas manifestaciones se están gestando en el tejido agrícola sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y otros asuntos apremiantes que afectan al sector.
En la ciudad de Valladolid, se han congregado agricultores de toda Castilla y León presentando una protesta sin precedentes, respaldada por todas las organizaciones agrícolas y productores independientes. El objetivo principal es demandar acciones concretas ante la crisis en su sector, que deberían ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, se reportó una marcha considerable con 550 tractores, seis autobuses, 60 vehículos y unas mil personas a pie, convirtiéndose en la mayor protesta del día.
Las reclamaciones del campo español se centran en obtener precios justos y lidiar con los problemas generados por las importaciones, entre otros. Las organizaciones agrícolas como Asaja, UPA y COAG ya han iniciado un calendario de movilizaciones a nivel nacional hace más de un mes, atrayendo la atención del comprador con el reparto de alimentos durante las protestas.
La atención ahora reside en Bruselas, donde se espera que la Comisión Europea anuncie próximamente propuestas específicas, en consonancia con lo debatido en el último Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) para simplificar la PAC. Según los borradores que han circulado entre el sector, inundan propuestas potenciales que podrían facilitar obligaciones existentes dentro de esta política, tales como, los controles y el barbecho.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, expresó su confianza en llegar a un acuerdo con los organizadores de las protestas en las próximas semanas gracias a las reuniones que se están llevando a cabo para buscar soluciones a la situación preocupante del campo que se vive actualmente.
Las medidas propuestas por el gobierno incluyen la exención de los controles de condicionalidad de la PAC y la creación de una agencia estatal para incrementar la capacidad de inspección y control de la ley de la cadena alimentaria, entre otras. Paralelamente, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado ha instado al gobierno a impulsar medidas a escala europea para garantizar que los productos importados de terceros países cumplan con los mismos requisitos exigidos a los productos de la UE.
