El Comité Europeo de las Regiones (CdR), ha manifestado el establecimiento de una «renta justa garantizada» para los agricultores que no consiguen ingresos suficientes para asegurar la viabilidad de sus negocios. Este esfuerzo viene en respuesta a una creciente preocupación por la estabilidad económica de los agricultores, particularmente en momentos de dificultad agrícola, y para luchar contra la desertificación de las zonas rurales.
Este requerimiento aún necesita ser aprobado por el pleno del Comité de las Regiones, y forma parte de una propuesta de dictamen no vinculante aceptada en Bruselas durante una sesión de la comisión de Recursos Naturales del CdR. Ayudó en las deliberaciones representantes de los gobiernos autonómicos de Andalucía, Galicia y La Rioja.
La «renta agraria» propuesta proporcionaría una «garantía de seguridad social» a los rancheros en problemas económicos y está diseñada para que su nivel de ingresos sea comparable al de otros sectores productivos. El CdR ha otorgado a la Comisión Europea la tarea de planificar este mecanismo de solidaridad, aunque afirma «debería gestionarse» a nivel regional, sin aportar detalles sobre su financiación.
El texto aprobado es crítico con la Política Agraria Común (PAC) actual, destacando que «no ha cumplido sus objetivos» y que «ignora» factores clave como la guerra en Ucrania y la caída de ingresos. En su lugar, el documento del CdR aboga por reformas que consideren los intereses de todos los participantes en la cadena alimentaria, sin descuidar la dimensión ecológica.
El Comité de las Regiones, aunque no tiene la capacidad para vetar leyes propuestas por la Comisión Europea, actúa como representante de los gobiernos locales y regionales y tiene capacidad para opinar sobre ellas. Esta propuesta aún está pendiente de su aprobación definitiva en junio, durante una votación en el pleno del CdR.