El último plan nacional integrado de energía y clima destaca por su mayor apoyo a las cooperativas energéticas, si bien carece de una ambición considerable en lo que respecta a fuentes alternativas como el biometano y la biomasa, tal y como confirma José María González Moya, director general de la asociación de energías renovables APPA. Este plan, cuya actualización fue aprobada en septiembre del pasado año, establece una reducción de gases de efecto invernadero del 32 % para 2030 (superior al 23 % original), con un objetivo de consumo final de energía renovable que asciende hasta el 48 % y una eficiencia energética del 43 %.
El nuevo escenario del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (conocido como Pniec) considera al medio rural como un aliado primordial en la transición hacia fuentes de energía renovable. Entre las novedades más significativas, el plan incluye medidas como la inclusión de mecanismos financieros orientados al desarrollo rural y la potenciación de la participación local, como por ejemplo las cooperativas energéticas, especialmente en municipios de poca población.
González Moya destaca que, de cara a 2030, se prevé la instalación de 76 gigavatios de energía fotovoltaica (incluyendo 19 GW de autoconsumo), 62 GW de energía eólica, 22,5 GW de almacenamiento y 12 GW de electrolizadores para la producción de hidrógeno renovable. Sin embargo, lamenta que el objetivo de producción de biogás esté «muy alejado del verdadero potencial del biometano» en España, a pesar de que el plan duplica dicha meta hasta los 20 teravatios hora.
En cuanto a la energía eólica marina, González Moya insiste en la necesidad de optimizar las sinergias con la industria naval y de incentivar la I+D. En relación a la bioenergía, señala que el objetivo establecido es poco ambicioso, (1,4 GW para 2030), teniendo en cuenta la posición de España como «una potencia europea en agricultura, ganadería y forestal». Por último, llama a priorizar la producción europea de biocarburantes avanzados, que deben representar al menos el 3,5 % de los combustibles utilizados en el transporte para 2030, frente a las importaciones de terceros países que no cumplen con los mismos requisitos ambientales. Según el responsable de APPA, esto podría suponer una amenaza de competencia desleal.
