El sector porcino español enfrenta profundos desafíos, debido a las nuevas exigencias sobre el bienestar animal en la ganadería. De acuerdo con las organizaciones agrarias Asaja y COAG, adaptar las granjas de porcino a estas nuevas regulaciones supondrá un sobrecoste que supera en más de 300.000 euros por cada ganadero.
Las cifras, basadas en presupuestos reales, señalan que dicho costo estaría enfocado en la adaptación de las granjas a la disminución de las densidades por metro cuadrado. Si se diera el caso que los agricultores quieran mantener el nivel de producción ampliando la superficie de las granjas, el coste podría superar los 500.000 euros.
Por tal motivo, Asaja y COAG han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) una prórroga de tres años adicionales para la entrada en vigor del Real Decreto 159/2023, que establece los nuevos parámetros de bienestar animal. Este periodo permitiría una transición ordenada y efectiva hacia los nuevos requerimientos sin una drástica caída en la producción.
Ambas organizaciones señalan que una prórroga daría la posibilidad de establecer un plan coordinado entre el Gobierno, las autonomías y productores para ajustarse a las nuevas normativas. Al mismo tiempo, COAG y Asaja han solicitado al MAPA la concesión de ayudas específicas para facilitar dicha transición.
Estas ayudas serían cruciales para los ganaderos durante la adaptación de sus explotaciones y en la implementación de las mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares de bienestar animal. Igualmente, señalaron que los productores se enfrentan a complicaciones significativas para obtener las autorizaciones necesarias de ampliación de sus granjas. Las restricciones y regulaciones actuales dificultan el proceso de expansión, limitando la capacidad de las granjas para acatar las nuevas normativas de bienestar animal.