El gobierno español, encabezado por el Consejo de Ministros, aprobó esta semana un real decreto que modifica las condiciones de la Política Agraria Común (PAC), flexibilizando la aplicación de unos criterios que forman parte de las 43 medidas presentadas por el gobierno en respuesta a las demandas de las agrupaciones agrícolas y ganaderas del país.
La normativa aprobada incluye un cambio en las exigencias ambientales y laborales para la recepción de las ayudas, conocidas como la condicionalidad reforzada y social. Se han modificado cuatro aspectos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) y se ha suavizado la aplicación de controles y sanciones.
Entre las modificaciones más destacables, se incluye la gestión de la labranza y el añadido de nuevas excepciones para su cumplimiento en las parcelas de menor tamaño y cultivos leñosos ya establecidos. Asimismo, se permitirá que la comunidad autónoma establezca el período necesario para mantener las cubiertas vegetales en los cultivos leñosos en cuatro meses consecutivos, como respuesta a razones climáticas locales.
En relación con la cobertura mínima del suelo, la nueva normativa permitirá la práctica del abonado en verde y establece que se pueden realizar labores poco profundas en los rastrojos de los cultivos herbáceos.
Asimismo, a partir de la campaña 2024, la obligación de dejar un porcentaje de la superficie de la explotación no productiva se elimina, lo que significa que los agricultores que así lo decidan podrán cultivar estos terrenos.
Por último, el real decreto concede una exención de controles y sanciones a los beneficiarios de ayudas cuya explotación sea igual o inferior a 10 hectáreas.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la relevancia de estas modificaciones, que permiten una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias particulares de cada productor agrario.
