Un importante frente de consejeros agrícolas del Partido Popular ha emitido una declaración conjunta que denuncia la supuesta falta de sensibilidad y falta de diálogo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el diseño de un plan para abordar los problemas del sector agrícola.
La falta de interlocución con las comunidades autónomas, según las palabras de Carmen Crespo, Consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha sido reiterada por representantes de diversas regiones de España, incluyendo Cantabria, La Rioja, Murcia, Extremadura, Baleares, Galicia y Madrid.
El plan de 43 medidas para abordar la crisis del sector primario ha sido objeto de crítica debido a la falta de consulta a las comunidades autónomas, que Crespo denomina como «una parte interesada importantísima» en la implementación de medidas para mejorar la situación de los agricultores y ganaderos.
Los consejeros, aunque respetan a quienes han decidido firmar el plan y a las organizaciones agrarias, consideran que las medidas adoptadas son insuficientes. Piden la inclusión de propuestas claves como la simplificación de la Política Agraria Común (PAC), la introducción de controles aduaneros para evitar la competencia desleal e iniciativas para la incorporación de jóvenes y seguros agrícolas.
Los consejeros echan en falta más bajadas impositivas para mitigar los efectos de la sequía y las dificultades de costes de producción que han tenido agricultores y ganaderos en este tiempo. También indican la relevancia de mejorar aspectos del tema laboral.
La Consejera Crespo declaró: «nos encontramos con una conferencia sectorial en la que hay temas normalizados, de reparto, pero no se toca de nuevo el paquete anticrisis», lo que a su juicio representa fallas en el compromiso del Gobierno con un diálogo abierto y constructivo con las comunidades autónomas.
Para Carmen Crespo y sus homólogos, es fundamental la inclusión de la perspectiva de las comunidades autónomas en la gestión y guía de las políticas agrícolas nacionales. Sin embargo, la percepción es que el Gobierno no está cumpliendo con este mandato y que se necesita un mayor compromiso para lograr una implementación efectiva y equilibrada de las políticas agrícolas.