En un innovador giro al conflicto agrícola en curso, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España ha lanzado un conjunto detallado de 43 medidas diseñadas para atender las demandas de los agricultores y poner fin a las protestas que sacudieron el sector desde comienzos de febrero.
Este nuevo plan contiene una mezcla de reformas a la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea y nuevas iniciativas que apuntan a la ampliación de la normativa de sanidad ganadera y de fertilización. Entre las propuestas destacadas se encuentran la simplificación de las ayudas directas de la PAC y la flexibilización en su aplicación, el apoyo a las operaciones comerciales inspeccionadas y el retraso de las fechas límites para distintos requisitos reguladores.
Un punto particularmente notable es la exención de controles y penalizaciones de condicionalidad reforzada a las explotaciones que posean hasta 10 hectáreas. Estas representan aproximadamente a 345.000 beneficiarios, que constituyen el 55% del total en España. Otra propuesta se inclina hacia la facilitación de las ayudas a los ecorregímenes de la PAC, lo que implica una mayor flexibilidad para aplicarlos en la solicitud única de 2024.
La digitalización también tiene un lugar destacado en las medidas planificadas. Por ejemplo, se propone eliminar la obligación para los agricultores de tomar fotos geoetiquetadas para demostrar el estado de los cultivos, al tiempo que se ofrecen ayudas e incentivos para facilitar la aplicación del cuaderno digital de explotación.
En materia económica, uno de las medidas consiste en la reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023. Por otro lado, se prevé una línea de crédito de 20 millones de euros, acompañada de 7 millones para avales, y una aportación del MAPA de 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito.
Estas medidas, a pesar de ser amplias y abarcadoras, deberán ser sometidas al debate interno por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA. Sin duda, esta iniciativa es un esfuerzo claro del gobierno para responder a las preocupaciones del sector agrícola y avanzar hacia una resolución que beneficie a quienes dan vida a esta crítica industria en España.
