En un maniobra reciente de articulación entre el Gobierno y las administraciones autonómicas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha propuesto cambios en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC). Este movimiento surge a raíz de las diversas protestas y demandas provenientes del sector agrario, buscando ajustes y mejoras en dicho plan.
Este planteamiento, que prevé servir de punto de partida para un diálogo informal con la Comisión Europea, ha sido analizado durante las diversas reuniones técnicas y sesiones del Órgano de Coordinación del plan, efectuadas a lo largo del mes de marzo. El MAPA explayó en un comunicado que dicho documento ha sido elaborado mediante las sugerencias propuestas tanto por las comunidades autónomas, como por los aportes realizados por las organizaciones agrarias y las cooperativas.
Dentro del documento, se destaca especial atención a la flexibilidad para los productores, incluyendo entre sus tácticas los ajustes en aspectos referidos a la condicionalidad reforzada, presentados por la Comisión Europea. Asimismo, se sugiere flexibilizar los requisitos de prácticas agrícolas y medioambientales, que los productores deben cumplir para percibir íntegramente las ayudas.
En concreto, se tratan aspectos como la labranza, la rotación de cultivos, el mantenimiento de una cobertura mínima del suelo y la eliminación del barbecho obligatorio en algunas áreas de la explotación. Además, se busca flexibilizar el diseño de los ecorregímenes, ayudas vinculadas a prácticas que favorecen el ambiente y clima, con un destacable énfasis en aquellos que dan aplicabilidad a los pastizales de los ganaderos en la cornisa cantábrica.
Así mismo, se propone abordar cambios en las prácticas de coberturas vegetales e inertes en cultivos leñosos, especialmente en plantaciones en secano, de tal forma que se permita establecer en calles alternas, y con posibilidad de pastoreo y laboreo vertical en ciertos periodos.
El borrador propuesto por el Ministerio ha considerado diversas modificaciones en las intervenciones del desarrollo rural postuladas por las comunidades, logrando desde la propuesta de nuevas acciones hasta modificaciones en el diseño y las asignaciones financieras de las mismas.
Finalmente, el contenido y puesta en práctica total de las propuestas están a la espera de ser aprobadas por la Comisión Europea, y de ser adoptados por el Parlamento Europeo. Sin embargo, muchas de las propuestas referentes a la condicionalidad podrían aplicarse de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2024, por lo que tendrían un efecto directo en la solicitud única de este año.
