En el panorama actual de la industria agropecuaria española, las granjas de producción porcina y avícola se hallan en una encrucijada ante las nuevas directrices propuestas por la Unión Europea respecto a las emisiones industriales. Este escenario plantea desafíos significativos para los productores, quienes ven amenazada la sostenibilidad de sus operaciones a pequeña y mediana escala.
La reciente propuesta del Parlamento Europeo introduce modificaciones en cuanto a los límites de tamaño y capacidad productiva para que las granjas estén sujetas a la Directiva de Emisiones. Específicamente, se prevé una reducción del umbral para las granjas porcinas, pasando de más de 750 reproductoras o 2.000 plazas de cebo, a tan solo 150 reproductoras o 1.160 plazas de cebo. Por el lado de las avícolas, el cambio implica un descenso de las 40.000 gallinas ponedoras actuales a 21.400, impactando directamente al 98% del sector.
Las consecuencias de estas medidas son multitudinarias. En primer lugar, la necesidad de obtener una autorización ambiental integrada supone un lastre financiero considerable, con costes administrativos anuales que rondan los 3.000 euros. Además, las reformas estructurales requeridas para alinear las operaciones con las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) obligatorias se traducen en inversiones que muchos de estos negocios familiares hallarán difícil amortizar, lo que podría llevar al cierre de numerosas explotaciones.
El sector porcino y avícola, ya sometido a la aplicación de medidas de reducción de emisiones, ha demostrado su compromiso con el medio ambiente, reduciendo un 42,9% de GEI desde 1990 hasta 2021. Sin embargo, estas acciones han tenido un impacto marginal en las emisiones totales de GEI en España, representando poco más del 2% en el sector porcino y menos del 0,5% en la avicultura.
Esta situación se ve agravada por la cláusula de consulta pública para cualquier ampliación o cambio significativo en las instalaciones, lo que abre la puerta a que la oposición a proyectos denominados peyorativamente como “macrogranjas” -aunque en realidad se trate de granjas familiares- obstaculice las necesarias adaptaciones a las nuevas normativas europeas.
El sector enfrenta, por lo tanto, un panorama desalentador que demanda una revisión cuidadosa y sensible de las propuestas normativas, asegurando que las medidas adoptadas no solo sean efectivas desde el punto de vista ambiental, sino también viables para los productores que conforman el tejido agrícola del país. La coordinación entre los distintos agentes involucrados será clave para encontrar un terreno común que permita avanzar hacia una industria más sostenible sin comprometer su viabilidad económica.
