El gigante de la entrega a domicilio, Glovo, se encuentra bajo la lupa de un juez en Barcelona, después de que la Fiscalía presentara una denuncia contra el fundador y consejero delegado de la empresa, Oscar Pierre. La controversia se centra en la supuesta utilización de falsos autónomos, una situación altamente delicada y tratada con severidad en el ámbito laboral español.
Según confirmaron fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona ha iniciado diligencias previas en base a esta denuncia. La acusación sugiere que Glovo, en su estrategia de negocio, podría estar eliminando algunos de los derechos laborales de sus trabajadores. Los trabajadores estarían forzados a inscribirse como autónomos y pagar sus propias cotizaciones si desean continuar prestando sus servicios para la empresa.
El tema llegó a la justicia después de que la Fiscalía Provincial de Barcelona iniciara una investigación a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que a su vez fue remitido a la Fiscalía General del Estado en octubre pasado. La denuncia sugiere que Glovo ha estado cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores al emplear supuestamente a falsos autónomos.
El Ministerio Público destaca que esta es una práctica que no está autorizada por la legislación laboral, ya que termina por anular derechos reconocidos a los trabajadores por cuenta ajena. Entre ellos, derechos relacionados con salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones y protección a la Seguridad Social.
A pesar del fallo del Tribunal Supremo, que afirmó la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus trabajadores, la empresa parece continuar manteniendo la misma relación de trabajo con sus empleados. Esta situación se encuentra respaldada por varias sentencias en toda España, que recurrentemente han declarado que los supuestos autónomos vinculados a la empresa eran, de hecho, trabajadores por cuenta ajena.
La Fiscalía sostiene que Glovo utiliza para sus entregas a domicilio a trabajadores que exige que se inscriban en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social, estableciendo con ellos una relación mercantil aparente que le permite reducir sus costos empresariales. Este caso evidencia las tensiones laborales en el sector de los trabajos de plataforma: una arenga que promete mantener en vilo a la esfera judicial.
