El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de ley presentada por Junts, que tiene como objetivo exigir al Gobierno una reforma legal para endurecer los permisos de paternidad destinados a temporeros migrantes. La proposición ha sido aprobada con los votos a favor del PP, Vox y UPN, mientras que el resto de la Cámara expresó su rechazo.
La iniciativa busca modificar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009, que regula las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia. Se propone que se introduzcan requisitos específicos para la concesión de estos permisos, que incluirían la necesidad de presentar «certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles». Esta medida pretende asegurar que las prestaciones se otorguen solo a aquellos que cumplan con los principios de legalidad, veracidad y finalidad establecidos en la norma.
Denuncias de abusos en la concesión de permisos
Durante el debate, el diputado de Junts Isidre Gavín afirmó que muchos agricultores han denunciado «abusos» en la concesión de permisos de paternidad y posibles fraudes. Señaló que algunos migrantes estarían recibiendo varios permisos al alegar situaciones de poligamia en sus países de origen. Vox, a través de su diputado Juan José Aizcorbe, apoyó estas afirmaciones, argumentando que la lucha contra el fraude no debe estar sujeta a etiquetas ni prejuicios.
El Partido Popular, por su parte, ha mostrado una postura más cautelosa. Su portavoz, Agustín Parra, advirtió que la propuesta de Junts podría «estigmatizar» a colectivos vulnerables y generar un sesgo que no puede ser respaldado por su partido. A pesar de estas reservas, el PP finalmente dio su apoyo a la proposición.
Críticas desde la oposición
Esquerra Republicana ha calificado la propuesta de Junts como «xenófoba» y «racista». Jordi Salvador, portavoz de asuntos laborales de la formación, criticó duramente la iniciativa, afirmando que busca «criminalizar» a los migrantes a partir de «mentiras». Además, la diputada socialista María Carmen Castilla Álvarez expresó que los argumentos de Junts pueden llevar al «señalamiento» de las personas migrantes, mientras que Júlia Boada, diputada de En Comú dentro de Sumar, señaló que la propuesta solo pretende «recortar derechos» sin aportar datos o pruebas sólidas.
