Castilla y León ha saltado a la palestra tras la relajación de los requisitos de control de la tuberculosis bovina, una decisión que ha causado revuelo no solo en la comunidad autónoma, sino a nivel nacional. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, no ha tardado en alzar la voz en contra de esta medida, señalando que pone en riesgo la reputación de los alimentos españoles y la producción agroalimentaria, la cual es conocida por su responsabilidad y alta calidad.
La medida que la Junta de Castilla y León tomó bajo el impulso del gobierno de PP y Vox ha sido objeto de críticas, principalmente porque contraviene la normativa vigente a nivel nacional y de la Unión Europea. Además, no podemos obviar que la relajación en los controles ha sido tachada de contraproducente, especialmente para los ganaderos que son los que, al final del día, llevan la peor parte.
Las normas de la Organización Internacional de Sanidad Animal son un pilar en la regulación de este sector, y hay que andarse con ojo. Por algo los tribunales ya habían echado el guante a la resolución de la Junta, suspendiendo cautelarmente su aplicación. Pero ahí no acaba la cosa, porque resulta que desde la Consejería de Agricultura también se les ha metido prisa a los veterinarios.
Es un galimatías de cuidado. Planas destacó lo absurdo de la situación, donde incluso algunos consejeros parecen estar más en la onda de que las autoridades están siendo demasiado estrictas en el control de la salud humana. ¡Vaya tela! Pero no nos olvidemos que hablamos de tuberculosis bovina, que podría desencadenar una zoonosis. Esto no es moco de pavo, hablamos de la salud de las personas y de mantener el listón alto en lo que a la calidad de los alimentos respecta.
En este tira y afloja, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha jugado un papel clave al restablecer la legalidad en Castilla y León en lo referente a la sanidad animal. Ahora, toca estar con los ojos bien abiertos y no dar ni un paso en falso, porque lo que está en juego es mucho más que una disputa política: es el legado y el futuro de la producción agroalimentaria en España, y, por supuesto, nuestra salud. No hay que jugársela con algo tan serio.
