En el marco del Día Marítimo Mundial, los pescadores españoles solicitan protagonismo y políticas pesqueras más sociales. Este año, sus demandas están orientadas principalmente al inicio de una nueva legislatura de la Unión Europea (UE), en la que reclaman medidas que aseguren la renovación generacional y la seguridad de la industria pesquera.
La pesca en España es una potencia importante, con una flota que consta de 8.549 barcos y genera 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos. Sin embargo, la industria se ve amenazada por una serie de factores que requieren de atención urgente.
Además de las preocupaciones sobre la renovación generacional y la seguridad laboral, la flota pesquera española también aboga por una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) de la UE. Alegan que las normas actuales son difíciles de cumplir y demandan una revisión de las obligaciones de desembarco junto con una reconsideración del objetivo del rendimiento máximo sostenible.
La flota también está preocupada por las restricciones sobre las ayudas para la renovación de buques, ya que argumentan que estas limitaciones obstaculizan la modernización y la descarbonización de la industria. En este sentido, han recibido con esperanza el nombramiento del comisario de Pesca y Océanos de la UE, el chipriota Kostas Kadis, que aún debe ser ratificado por el parlamento europeo.
Otra preocupación relevante es la propuesta de Bruselas de reducir la cuota del boquerón del Golfo de Cádiz, que ha provocado la oposición de España, respaldada por otros 13 países. Además, la flota sigue de cerca la implementación de la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE que podría incrementar las áreas de veda.
La industria pesquera española también está trabajando para facilitar el reconocimiento de títulos profesionales, la contratación de trabajadores extranjeros y la libre circulación de pescadores dentro del mercado laboral europeo. Todo ello orientado a garantizar un relevo generacional y sustentar el futuro del sector pesquero.
Finalmente, hay un consenso unánime entre pescadores, acuicultores, trabajadores de la industria y pescaderías en reivindicar la reducción o eliminación del IVA del pescado, actualmente en el 10%. Argumentan que esta medida tendría un impacto positivo en el precio del pescado y en su percepción entre los consumidores.
