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Las claves para entender la indagación antidumping de China al cerdo europeo

El Ministerio de Comercio de China ha lanzado una investigación ‘antidumping’ sobre las importaciones de cerdo de la Unión Europea (UE), en un movimiento que se percibe como una respuesta a los aranceles recientemente impuestos por Europa a los vehículos eléctricos de fabricación china. Este nuevo desarrollo podría afectar especialmente a España, dado su estatus de principal exportador de cerdo a China dentro de la UE.

El anuncio de la investigación llega tras los movimientos de la Comisión Europea para imponer una serie de aranceles a los vehículos eléctricos chinos, en un intento por proteger a los fabricantes europeos. En el curso de su investigación, la Comisión Europea determinó que los subsidios que Pekín ofrece al sector de los vehículos eléctricos generan una competencia desleal.

No es ninguna sorpresa que China haya decidido centrar gran parte de su respuesta en España, habida cuenta de que el país ibérico es el principal exportador de cerdo a China dentro de la UE. De hecho, en 2023, según Interporc – la patronal porcina de España – el país exportó más de 560.000 toneladas de productos de cerdo a China. Esto se tradujo en alrededor de 1.223 millones de euros en ventas, haciendo de China el destino del 20,33% de las exportaciones españolas de cerdo.

A pesar de este trasfondo de tensiones comerciales, analistas y expertos de la industria han hecho hincapié en que China no está buscando iniciar una guerra comercial con Europa. Sin embargo, el país está tomando medidas para protegerse de políticas que percibe como injustas y que podrían desequilibrar su propia economía.

En esta investigación, el Ministerio de Comercio de China analizará las importaciones de cerdo realizadas durante 2023 y evaluará los posibles daños que estas compras han causado al sector chino durante el periodo 2020-2023. Esto incluirá productos como carne de cerdo, casquería, grasa de cerdo y sus derivados.

La investigación se llevará a cabo durante un año, con la opción de extenderse durante otros seis meses adicionales si las circunstancias así lo requieren. El jefe de la oficina responsable de la investigación aseguró que se realizarán de acuerdo a la ley y protegerán completamente los derechos de todos los involucrados. Además, garantizó que cualquier decisión final será tomada de manera objetiva y justa.

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