El gobierno francés se prepara para presentar una renovada ley destinada a garantizar precios justos para los agricultores, la cual establece la ejecución de precios pagados a estos, siempre por encima del coste de producción. Esta propuesta que se discutirá antes del verano, busca también establecer un mecanismo análogo en el ámbito de la Unión Europea, según informó el primer ministro, Gabriel Attal.
Respecto a la actual ley francesa, conocida como ‘ley Egalim’ que persigue salvaguardar unos precios mínimos, ha sido frecuentemente eludida por la gran industria y la distribución masiva mediante la creación de centrales de compras en otros países europeos para esquivar la normativa francesa.
A esto, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, subrayó que las «centrales de compras europeas deben respetar las leyes nacionales» y mencionó que gracias a diversas inspecciones se descubrió que dos de ellas habían infringido la ley francesa, a las que se propuso aplicar multas considerables.
Adicionalmente, se han descubierto varios casos de fraude en productos falsamente etiquetados como originarios de Francia, lo que ha llevado al gobierno a redoblar sus esfuerzos en la garantía de la autenticidad de los productos.
Entre las acciones se encuentra también la facilitación del ingreso de trabajadores temporeros extranjeros para el sector agrario, ajustándose a una solicitud reiterada de esta industria. Attal adicionalmente anunció la implementación de medidas de simplificación administrativa y burocrática encaminadas a aumentar la eficiencia del sector.
Estas acciones son parte de la estrategia del Gobierno para calmar por completo las protestas de agricultores, que aunque han disminuido en intensidad en las últimas semanas, aún persisten con el inicio de la nueva edición del Salón de la Agricultura de París.
Finalmente, una de las misiones primordiales del Gobierno, según declaraciones de Attal, es «proteger la soberanía alimentaria francesa», una tarea que combate la competencia desleal e insiste en la prohibición de ciertas importaciones de productos cultivados con plaguicidas prohibidos como los neonicotinoides. A su vez, estos esfuerzos buscan desconectar las protestas de agricultores de las campañas de las elecciones europeas, asegurando así la integridad de ambos procesos y el bienestar del sector agrario.