Las denominadas comunidades loberas de España, que incluyen a Cantabria, Castilla y León y Asturias, así como a La Rioja y Andalucía, se encuentran en una encrucijada. Ante la creciente tensión entre los lobos y el ganado, los representantes de estas comunidades han instado a reducir el nivel de protección para estos grandes carnívoros. En una reciente reunión del Comité europeo de las Regiones (CdR), solicitaron que se cambie el estatus de los lobos de «estrictamente protegidos» a «protegidos».
Este es un movimiento en línea con el reciente dictamen aprobado por representantes de las regiones y ciudades de la Unión Europea (UE) y la propuesta presentada por la Comisión Europea (CE) en diciembre para rebajar dicho estatus. La normativa vigente, la Directiva de Hábitats Europea, permite excepciones a su rigurosa protección para el lobo, como la protección de intereses socioeconómicos.
Uno de los aspectos destacados de la reunión del CdR fueron las palabras de la presidenta de Cantabria, María José Saez de Buruaga. En su intervención, recordó el costoso precio que el ganado está pagando: «El sector no resiste más. Menos ayudas. Más exigencias, más costes de producción. Y ahora, más animales muertos. Están indefensos frente al lobo», lamentó.
Además, la preocupación no solo se limita a los efectos inmediatos, sino que también alude a la incertidumbre jurídica y operativa. Los ganaderos piden soluciones concretas, como el control poblacional, que ha demostrado ser efectivo en las últimas décadas. A esto se suma el deseo de las propias regiones de ejercer su autogobierno.
Por otro lado, Raquel García, directora general de Asuntos Europeos de Asturias, ha pedido un «trabajo coordinado y conjunto» con las comunidades autónomas y demás partes implicadas para mejorar los apoyos a la prevención, los mecanismos de gestión y la protección del sector ganadero. Mientras tanto, la población de lobos sigue aumentando junto con los ataques al ganado, según remarca Buruaga, concretamente un 113% desde la protección, sumándose así un problema más al ya de por sí complicado panorama rural de España.
La nota final la pone Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, que denuncia la hipocresía de centrarse en el bienestar animal de la ganadería intensiva, pero descuidar el de los animales de granja que son presa fácil para los lobos. Al fin y al cabo, tal y como indica, son los habitantes de las zonas rurales los que, día tras día, cuidan del medio ambiente y la biodiversidad con su trabajo. En este contexto, reducir la protección del lobo se plantea como una posible solución para asegurar la coexistencia sostenible y segura del ganado, los seres humanos y los grandes carnívoros en España.
