A veces lo más interesante no es la nueva tecnología, sino la pelea por el terreno donde se va a medir. Y eso es justo lo que está pasando con los biocombustibles: Bruselas está diseñando el marco que marcará la energía de la década de 2030, mientras el campo brasileño intenta evitar que su bioenergía tropical quede encajada en una norma pensada con otra foto del mundo.
La Unión Europea trabaja en una nueva propuesta legislativa que debería ver la luz a finales de 2026 y que fijará parte de la política energética de los años 30. En ese tablero, los biocarburantes —como el etanol y el biodiésel— siguen ganando peso. Y no es una cuestión menor: la energía renovable ya representa el 25,2% del consumo total de energía de la UE en 2024, cuando en 2010 era el 12,5%. La subida ha sido enorme, y el apetito por más no parece frenarse ahí.
Mientras tanto, Brasil llega a esta conversación con músculo. En 2024 fue el segundo mayor productor de biocombustibles del mundo, con 1.143 petajulios, solo por detrás de Estados Unidos. Además, el país consume gran parte de lo que produce y se prepara para subir la mezcla obligatoria de etanol en gasolina del 30% al 32%, además de elevar la de biodiésel del 15% al 16%. Es decir, no hablamos de un actor secundario ni de una industria que esté esperando permiso para entrar en escena. Ya está dentro.
Bruselas abre la puerta y el campo brasileño mete presión
La Comisión Europea abrió un periodo de consulta pública para recopilar evidencias y comentarios sobre el futuro de la directiva. Y ahí han aparecido voces del sector brasileño, desde la asociación de la industria cañera y de la bioenergía UNICA hasta la energética Raízen. Cada una, con su matiz. Pero todas con la misma idea de fondo: si Europa va a rehacer las reglas, que no deje fuera la realidad de la bioenergía tropical.
La Asociación de Productores de Soja y Maíz del estado de Mato Grosso, Aprosoja-MT, ha ido un paso más allá y ha presentado una contribución técnica para intentar cerrar lo que llama una desconexión entre la regulación europea y la realidad productiva de Brasil. Y ojo, porque Mato Grosso no es un actor cualquiera: representa al mayor estado agrícola del país. Lo que allí se produce pesa, y mucho.
Su principal pelea gira alrededor del llamado riesgo de cambio indirecto del uso del suelo, o ILUC por sus siglas en inglés. En cristiano: la UE usa ese marco para analizar si producir biocombustibles puede acabar empujando a convertir más tierra agrícola, con el consiguiente impacto en emisiones. El problema, según Aprosoja-MT, es que esa lógica se diseñó con modelos de 2015 y mete en el mismo saco realidades muy distintas. Y ahí es donde Brasil quiere abrir una grieta.
La segunda cosecha quiere salir del mismo cajón
La petición más concreta de Aprosoja-MT es que el etanol de maíz de segunda cosecha quede fuera del riesgo ILUC. ¿La razón? En Brasil, ese maíz no sale de una nueva expansión agrícola, sino del mismo terreno donde antes se sembró soja. Primero llega la cosecha de soja, entre enero y marzo, y después entra el maíz, que se recoge entre junio y agosto, según la zona. Misma parcela, distinto ciclo. Y ese detalle, que puede parecer técnico, es justo el corazón de la discusión.
Para el sector brasileño, el modelo europeo no está captando ese tipo de producción, que no depende de convertir nuevas tierras ni de desplazar cultivos a otra parte. En otras palabras: quieren que la UE deje de mirar todo desde una foto fija y empiece a distinguir entre sistemas agrícolas distintos. Porque no es lo mismo una expansión sobre terreno nuevo que un segundo cultivo en la misma finca, y ahí el matiz lo cambia casi todo.
Además de esa reivindicación, Aprosoja-MT quiere que se reconozca una equivalencia regulatoria más amplia. También pide que la clasificación se haga al nivel de la jurisdicción productora, no solo por categorías generales, y que haya canales formales de reconocimiento entre la Directiva de Energías Renovables de la UE, RenovaBio y el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones. A eso suma un calendario claro de transición. No están pidiendo una puerta abierta sin reglas; están pidiendo reglas que encajen mejor con su sistema.
Un campo con leyes nuevas y una historia que Bruselas no puede ignorar
Brasil, además, llega a este debate con un andamiaje regulatorio que no cayó del cielo ayer. A lo largo de los años ha desarrollado normas de gobernanza territorial y sostenibilidad como el Código Forestal, la Política Nacional de Biocombustibles, el Registro Ambiental Rural y el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones. No todas estaban en pie cuando la directiva europea se aprobó por primera vez, y ese desfase es parte del choque que hoy intenta corregirse.
El Código Forestal, aprobado en 1965 y actualizado en 2012, obliga a los productores a reservar entre el 20% y el 80% de sus tierras, según el bioma. Más tarde llegaron la Política Nacional de Biocombustibles, en diciembre de 2017, y el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones, en diciembre de 2024. El mensaje que traslada el sector es bastante simple: el marco brasileño ha cambiado mucho y Bruselas debería actualizar su lectura para no quedarse anclada en una versión antigua del mapa.
Y hay otro dato que ayuda a entender por qué este debate no es puramente teórico. La tasa anual de deforestación en Brasil alcanzó en 2025 su nivel más bajo en 11 años, con 5.796 km², lo que supone un descenso del 11,08% respecto al año anterior. La aplicación del Código Forestal ha ido empujando esa tendencia a la baja. No es una prueba definitiva de nada por sí sola, pero sí un argumento que el sector pone sobre la mesa para pedir que se mire la foto completa y no solo un fragmento.
Ahora la pelota está en el tejado europeo. La propuesta llegará, las reglas se moverán y el debate sobre etanol, biodiésel y sostenibilidad se pondrá todavía más caliente. Habrá que ver hasta dónde escucha Bruselas a los productores tropicales y cómo traduce todo esto en la práctica; la discusión, desde luego, no ha hecho más que empezar.