La cuestión acuciante de la sostenibilidad y el medio ambiente está en el punto de mira constante, con un foco particular en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. Recientemente, un contundente número de 336 entidades de la sociedad civil de la UE han hecho un ruego a la Comisión Europea. Su petición es clara y concisa: no hay que diluir la ambición de la llamada «arquitectura verde» de la PAC.
El núcleo de su mensaje para la Comisión Europea, y para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es muy simple. Instan a que se desarrollen y apoyen normativas y medidas que propugnen una transición justa hacia modelos agrícolas resilientes. La urgencia es manifiesta y la preocupación está latente en las palabras de estas organizaciones, que incluyen a productores, consumidores, ambientalistas y expertos en nutrición y salud.
Por Otra PAC, la coalición española que ha impulsado esta iniciativa, ha hablado claramente y ha expresado que la acción política «debe abandonar la falsa dicotomía de ecología versus economía». La entidad hace un llamamiento a la Comisión a tomar medidas que demuestren seriedad en cuanto a los retos medioambientales, en lugar de ofrecer concesiones que podrían debilitar los objetivos climáticos y ambientales que la PAC se propuso llevar adelante.
Este manifiesto se hace eco de las inquietudes previas hacia medidas propuestas por la Comisión Europea y la Presidencia belga del Consejo de la Unión. Las críticas se centraron en la falta de transparencia y participación pública en la preparación de dichas medidas.
Haciendo hincapié en el futuro medioambiental, las entidades han expresado su temor a que estas propuestas pudieran mermar la ambición climática y medioambiental que se promete con la nueva PAC. Advierten que esto entorpecería la protección de recursos naturales y biodiversidad, y limitaría la lucha contra el cambio climático.
No menos importantes son las preocupaciones en torno a la posibilidad de que los agricultores no cumplan con los requisitos de condicionalidad de la PAC. Estos requisitos, a juicio de las entidades, son cruciales para la viabilidad de las granjas ya que contribuyen a la fertilidad de los suelos y al control de plagas.
Todo esto hace que se plantee una llamada a la reflexión sobre cómo las protestas de los agricultores no deberían ser excusa para bajar la guardia en cuanto a los estándares ambientales de la PAC. Aquí es donde se argumenta que el problema de fondo no es otro que la falta de sostenibilidad social y económica en el sistema agrario actual. En definitiva, la lucha se trata de luchar contra la dilución de los objetivos ambientales, una causa que merece atención y debate serios, en la que estas 336 entidades de la UE están decididas a seguir adelante.
