La multitud se congregó y la ciudad zumbó con un frenesí rústico este miércoles cuando miles de agricultores de todo el país se presentaron para la protesta organizada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en Madrid. La manifestación, que fue parte de un movimiento más amplio que aboga por una serie de cambios y reformas en el sector agrario, finalizó quedando en la memoria de la ciudad.
Las cifras exactas de los manifestantes son un tanto inciertas, con la organización agraria estimando que alrededor de 13,000 personas estuvieron presentes. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ofrece un recuento moderadamente más conservador, poniendo el número máximo de manifestantes en 4,000. Del total de los 1,500 tractores movilizados para la protesta, unos 500 lograron entrar a la capital y solo 70 pudieron llegar a las puertas del ministerio.
La protesta, a pesar de todas las controversias previas, se llevó a cabo según las condiciones establecidas en la resolución anunciada el pasado lunes. Esto se refiere, como podrán recordar algunos, a la resolución testamentaria que fue impugnada por los organizadores y posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
No obstante, la impresión que uno se lleva de este evento va mucho más allá de los meros números. Para los observadores en el lugar, la convocación fue un gesto contundente de resistencia y solidaridad. Con frecuentes sonidos de cláxones y aplausos resonando entre la multitud, los participantes comenzaron a dispersarse alrededor de las 17 horas, retirándose con un estruendo apropiado para la ocasión.
Luis Cortés, coordinador estatal de la organización agraria, calificó la convocatoria de «éxito». Expresó su resentimiento por la percepción de que los agricultores están siendo llevados a la ruina y desafió al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a «darse un baño de realidad». La airada declaración de Cortés – «Somos agricultores y no jardineros«, puso en evidencia la frustración de la comunidad agrícola ante las políticas públicas existentes.
Este malestar se agravó por la cuestión de la competencia «desleal» de las importaciones de terceros países, la excesiva burocracia y la falta de flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC). En torno a esto, la organización de agricultores catalanes ha anunciado que planean cortar el paso a Francia los próximos 27 y 28 de febrero, desviando su atención hacia los centros de logística y distribución de alimentos.
Las manifestaciones no estuvieron exentas de incidentes, ya que Samur y Protección Civil informaron que diez personas necesitaron atención médica, incluyendo a cinco manifestantes por contusiones y fracturas, y cinco policías por contusiones. Las lesiones fueron graves en dos casos, que necesitaron ser trasladados a centros hospitalarios.
