En el pasado año, un total de 4986 productores agrícolas incumplieron las normas de condicionalidad de la Política Agrícola Común (PAC) establecida por la Unión Europea, según el informe emitido por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). De ello resultó en la retirada de aproximadamente 2,6 millones de euros de ayudas subvencionadas por la UE, lo que se traduce en una penalización del 0,05% del importe global.
La condicionalidad, implementada en España desde 2005, es un conjunto de obligaciones estrictamente vigiladas, que buscan asegurar la producción sostenible de los productores agrícolas. Entre algunas de estas normas se encuentran la protección de suelos agrícolas, del agua, los hábitats y el medio ambiente en general, las buenas prácticas agrícolas, la identificación y registro del ganado, la seguridad alimentaria, y la notificación de enfermedades animales y el bienestar animal.
La infracción de estas normas, afectó al 0,86% de los beneficiarios de subvenciones agrícolas en España, un colectivo que alcanza 575.572 personas. Los principales errores se hallaron en Andalucía, Castilla y León y Galicia, con 638, 622 y 622 incidencias respectivamente. Por contraparte, las regiones con menos incumplimientos fueron Comunidad de Madrid (52), Canarias (66) y Navarra (70).
A pesar de la cifra, es importante mencionar que estas irregularidades corresponden al 26,79 % de los solicitantes sometidos a control, pero sólo el 0,45 % si se contabilizan todos los beneficiarios. Además de los controles realizados «sobre el terreno», 1151 irregularidades fueron detectadas en control de admisibilidad y 1265 en «otros controles».
Según dicta la normativa comunitaria, si el incumplimiento se debe a la negligencia del productor, se aplicará una reducción que, en principio, será del 3 % del importe total de las ayudas. Sin embargo, el organismo pagador puede decidir reducir ese porcentaje al 1 % o aumentarlo hasta el 5 %, basándose en la evaluación presentada por la autoridad de control competente en el informe. Así es como, en este ejercicio de control sobre las prácticas agrarias, se trabaja para asegurar la producción sustentable y eficiente en beneficio de todos los habitantes de la Unión Europea.
