La normativa europea que comenzará a regir en el 2025 ha generado una gran inquietud en la Asociación Española de Almacenistas Portuarios de Granos, Cereales y otras materias primas (Unistock), especialmente en lo que respecta a la oferta de soja para piensos. Este reglamento se propone reducir el riesgo de importación de productos vinculados con la degradación forestal.
Los operadores portuarios se encuentran en estado de alerta, pues el mercado español y de otros países de la Unión Europea dependen en gran medida de las importaciones de soja utilizadas en la fabricación de piensos. Existe incertidumbre sobre si los países proveedores de soja podrán cumplir con las exigencias de la nueva normativa.
Actualmente, las principales fuentes de soja que importa España, con un volumen de seis millones de toneladas anuales, son Estados Unidos, Brasil y Argentina. De estos, Argentina ha mostrado un mayor avance en sus certificaciones acordes con la normativa.
La incertidumbre es tan grande que los operadores no han contrato futuros de soja para junio de 2025, una situación inédita en los últimos 40 años. Esto causa disruptión en la planificación de muchos eslabones de la cadena alimentaria. El impacto se traslada a los fabricantes de piensos, a la ganadería y a los supermercados, entre otros, afectando, por ejemplo, el coste futuro de productos como el pollo o el cerdo.
La normativa contempla sanciones «colosales» y penalizaciones de hasta un 4% para aquellos que no cumplan con las disposiciones. Esto genera temor entre los operadores, que evitan realizar contratos a casu causa.
En este escenario, Argentina destaca como el país que se ha esforzado más por adaptarse a la norma, con el objetivo de seguir proporcionando soja a la Unión Europea. En cambio, no se tiene claridad sobre qué medidas están tomando productores de soja en Brasil y Estados Unidos.
Además, la norma podría paralizar las importaciones de haba de soja, que en Europa no se cultiva, pudiendo causar un gran impacto en la producción de alimentos.
Finalmente, existe preocupación en torno a los desafíos técnicos. Un ejemplo es el sistema informático que utilizará la Unión Europea para controlar el reglamento, que sólo podrá ser evaluado en diciembre, un mes antes de que entre en vigor la normativa. Esto añade argumentos a quienes proponen aplazar la aplicación y buscar alternativas a la normativa.