La regulación del consumo de alcohol entre menores ha dado un paso importante en su camino hacia la ley con la aprobación del anteproyecto de ley de alcohol y menores por el Gobierno de España. La iniciativa, dirigida a salvaguardar a los jóvenes de los peligros del alcohol, se hará efectiva a través del control de su venta, publicidad y marketing. Más aún, la federación de fabricantes Espirituosos de España ha respaldado este anteproyecto.
El anteproyecto fue rescatado por el actual Ministerio de Sanidad, presidido por Mónica García, que en su primera aparición en el Congreso manifestó su intención de sacar adelante esta medida. La propuesta cuenta con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del mismo ministerio y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD).
La finalidad de dicho anteproyecto es interferir en la venta, la publicidad y el enfoque de marketing del alcohol a fin de disminuir su ingesta entre los juveniles. Se busca, por tanto, despojar al alcohol de su estatus como la sustancia psicoactiva más consumida, según señaló García.
De modo más específico, el anteproyecto propone varias líneas de acción principales. Primero, renovará la regulación actual a nivel estatal, autonómico y municipal en torno al consumo de alcohol por parte de menores y su venta. Además, introducirá una perspectiva de salud pública y de determinantes sociales de la salud para establecer políticas de prevención.
A ello se suman medidas de prevención ambiental para proteger a los jóvenes; tácticas educativas y familiares para prevenir la ingesta de alcohol en las primeras edades, definir el papel de los servicios sanitarios y sociales, además de fomentar entornos saludables, propiciando alternativas de ocio sin la presencia de bebidas alcohólicas.
La propuesta ha sido bien recibida por Espirituosos de España, la patronal que engloba a las empresas productoras y distribuidoras de bebidas espirituosas en el país, que está a favor de que la nueva ley armonice el «marco jurídico complejo» actual. Confían en que se priorice la prevención y la formación sobre las medidas represivas, y recuerdan su inversión de más de 30 millones de euros en programas e iniciativas de prevención en las últimas dos décadas y media.
