El Parlamento Europeo ha dado un paso importante al preparar el terreno para la flexibilización de algunas normas medioambientales dentro de la Política Agrícola Común (PAC) para el período comprendido entre 2023 y 2027. Esta decisión no ha sido aceptada de buena gana por diversas organizaciones no gubernamentales, que ya han empezado a manifestarse en contra de ella.
Su principal queja radica en la aprobación del uso de un «procedimiento urgente» el pasado 11 de abril, destinado a acelerar la adopción del paquete de simplificación diseñado por la Comisión Europea (CE). Este paquete apunta específicamente a la flexibilización de ciertas normas verdes de la PAC, con el noble objetivo de aliviar la carga que suponen para muchos agricultores.
Dirigido a apaciguar la reciente ola de protestas en todo el continente, el 15 de marzo, el órgano ejecutivo de la UE propuso dos reglamentos que establecen cambios en seis de los nueve estándares de Buenas Condiciones Agrícolas y Ambientales (BCAM). Estos estándares son cruciales, ya que determinan los pagos de la PAC, además de otorgar a los Estados miembros mayor flexibilidad para implementar la política.
No obstante, más de un centenar de eurodiputados de diversos partidos políticos han levantado objeciones sobre la rápida adopción de cambios en uno de los indicadores BCAM, obligando a que este punto sea votado durante el próximo pleno, a finales de abril.
Las organizaciones ecologistas también han criticado públicamente estas medidas. En las palabras de Marco Contiero, director de agricultura de Greenpeace en la UE: «Eliminar las últimas protecciones ambientales constituye un regalo envenenado para los agricultores«. De acuerdo con Contiero, estos cambios harán que los agricultores sean aún más vulnerables al cambio climático, además de no contribuir a solucionar su inestabilidad económica.
Organizaciones como Vía Campesina y la asociación de agricultura orgánica IFOAM han acusado a las instituciones europeas de ignorar los principios democráticos, al acelerar la aprobación del paquete sin haber realizado ni la evaluación de impacto necesaria ni una consulta adecuada. Marilda Dhaskali, de la organización BirdLife, por su parte, ha acusado a los partidos de cuestionar la legislación democráticamente acordada con el único objetivo de garantizar apoyo antes de las elecciones a la UE.
En este clima de tensión y controversia, el futuro de la Política Agrícola Común, y especialmente el de sus normas medioambientales, parece estar en el aire.
